“Prevalece la impunidad en la actual administración estatal, el gobierno de Alejandro Murat Hinojosa es el más inseguro y violento en la historia de Oaxaca”, afirmaron dirigentes del Bloque de Organizaciones Sociales Anticapitalistas que denunciaron el asesinato del activista del Consejo Indígena Popular de Oaxaca “Ricardo Flores Magón” (CIPO-RFM), Gustavo Cruz Mendoza.
Miguel Cruz Moreno, dirigente del CIPO-RFM, afirmó que su compañero, originario de Cerro Caliente, del municipio de Santiago Jocotepec, fue asesinado el 20 de enero de este año, en su domicilio, luego de acudir a una asamblea comunitaria en donde se trató lo relacionado con la instalación de una purificadora de agua en la comunidad, donde el activista expresó su opinión de que no era conveniente porque generaría problemas en el abastecimiento de agua a la población.
Indicó que de acuerdo a testigos se escuchó la voz de una persona pidiendo ayuda, en ese momento alguien tocó la puerta de Gustavo Cruz y al abrir, sujetos armados le dispararon y huyeron del lugar. El activista quedó herido de gravedad, fue trasladado de inmediato al hospital de Tuxtepec pero falleció más tarde por “hemorragia intensa provocada por proyectiles múltiples disparados por arma de fuego”.
Miguel Cruz destacó que es evidente que el Gobierno del Estado no le interesa la seguridad de los pueblos, ha imperado la impunidad en los asesinatos que se han registrado, y exigen que en este homicidio la decisión sea concreta y específica para dar con los responsables de los hechos y sean castigados.
Pidió a la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca que asuma su papel de velar por los derechos humanos y defensores de estos derechos, además de medidas cautelares para familiares de Gustavo Cruz; la intervención de la Subsecretaría de Derechos Humanos que preside Alejandro Encinas de la Secretaría de Gobernación.
Puntualizó que responsabilizan de los hechos violentos ocurridos en Cerro Caliente, al Fiscal General de Justicia del Estado de Oaxaca, Rubén Vasconcelos Méndez, por su negligencia en resolver los casos y hacer justicia y al Secretario de Seguridad Pública, José Raymundo Tuñón Jáuregui por no garantizar la seguridad de habitantes de comunidades de Oaxaca.
