-Se creó un nuevo tipo penal aplicable a quienes ejerzan violencia u obstaculicen por cualquier medio el ejercicio de la actividad periodística
San Raymundo Jalpan, Oaxaca.-El Diputado Gerardo García Henestroza, Presidente de la Comisión de Administración de Justicia, presentó al pleno legislativo, el dictamen por el que se crea el Título Vigésimo Quinto, denominado “Delitos contra la libertad de expresión” en el Código Penal del Estado de Oaxaca.
El legislador panista, señaló que ante las iniciativas presentadas por los reporteros oaxaqueños, y después de sostener reuniones al seno de la comisión, era necesario otorgar a los periodistas las garantías para su defensa y libre ejercicio de la profesión, reconociendo que una prensa libre es sinónimo de un gobierno democrático.
Gerardo Henestroza reconoció que la libertad es la base de actuar del hombre, sinónimo de libertad y de existencia, por ello la labor periodística debe realizarse en este tenor sin temor, apegados a la veracidad.
“La criminalidad en nuestro estado, al igual que en el país, ha aumentado considerablemente en los últimos años. El sector periodístico ha sido afectado en este sentido, por lo que es necesario que el ejercicio del periodismo y su integridad física sea preservado en el marco legal vigente”, consideró el representante popular.
La reforma aprobada, consistente en la adición de los artículos 424 y 425 al Código Penal del Estado de Oaxaca, para crear un nuevo tipo penal aplicable a quienes ejerzan violencia u obstaculicen por cualquier medio el ejercicio de la actividad periodística o se impida la publicación de alguna información.
La comisión dictaminadora consideró, entre otros argumentos, que la libertad de prensa es un derecho fundamental reconocido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por diversos instrumentos internacionales como la Declaración Americana sobre los derechos y los deberes del hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Este tipo penal tendrá una agravante que aumentará la sanción un año cuando la acción sea realizada por un funcionario público.
El dictamen fue aprobado por unanimidad de votos de los diputados presentes en la sesión ordinaria.
