Jazmín GÓMEZ
Desde Oaxaca, serán presentados los primeros 2 mil amparos del país a partir de la iniciativa ciudadana para que el Gobierno de Enrique Peña Nieto dé marcha atrás al incremento en precios de combustibles, informaron la diputada federal Karina Barón Ortiz y el diputado local Jesús Romero López.
La legisladora por el PRD y el legislador por el PT, iniciaron la semana pasada una campaña ciudadana para mostrar el descontento generalizado que los incrementos en precios de combustibles han ocasionado en la sociedad, ese descontento se mostrará también ante los tribunales siguiendo una ruta legal.
El diputado Jesús Romero destacó la importancia de que la ciudadanía alce la voz, se haga escuchar y proteste de forma pacífica por todas las vías posibles incluida la de redes sociales exigiendo una reversa al gasolinazo, procurando no caer en provocaciones como las que se están viviendo en otros estados de la República.
Explicó que por si fuera poco, a los incrementos implementados a partir del 1 de enero pasado, el Gobierno Federal ha amenazado con que viene un nuevo impacto el 3 de febrero, minimizando que todas esas acciones autoritarias e insensibles al sentir de la sociedad, podrían llevar a que se incendie el país.
La diputada federal, Karina Barón Ortiz, afirmó que además de los 2 mil amparos que serían presentados hoy en la ciudad de Oaxaca, iniciaron con una serie de acciones y manifestaciones pacíficas que recorrerán varios municipios de todo el estado dando a conocer la problemática del gasolinazo así como la recolección de firmas para que los oaxaqueños promuevan amparos en contra del aumento a la gasolina, que sin duda impactará en el transporte y muchas otras actividades económicas, incluidos también los precios de productos de la canasta básica.
Informó que como legisladora presentó ante el Congreso de la Unión, una iniciativa de ley para que se posponga el incremento al precio del combustible y desde el congreso local el diputado Jesús Romero presentó un punto de acuerdo en el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Procuraduría Federal del Consumidor, a integrantes del Congreso de la Unión, a la Secretaría de Vialidad y Transporte y al Ejecutivo del Estado, para que den a conocer las acciones que emprenderán para evitar que se afecte aún más la economía de las y los oaxaqueños.
