“Las y los diputados del Congreso local dejaron a Oaxaca en la indefensión al abrogar el 28 de enero, el Programa de Ordenamiento Ecológico Regional del Territorio del Estado de Oaxaca (POERTEO), ahora tendrán que remediar el enorme error que cometieron y modificar el artículo transitorio Décimo Segundo del decreto 564 para que la abrogación quede sin efectos legales”, afirmaron en conferencia de prensa, integrantes del llamado Comité Técnico de Cambio Climático (CTCC).
El CTCC se encuentra integrado por 15 organizaciones de la sociedad civil, por academias, y por el sector privado, quienes sostuvieron un encuentro con integrantes de la Junta de Coordinación Política para solicitarles dejar sin efecto el artículo que abrogó el POERTEO, que llevó más de cuatro años su construcción.
Tzinnia Carranza explicó que al no tenerse un Programa de Ordenamiento Ecológico Regional del Territorio del Estado de Oaxaca (POERTEO), no sólo se afecta a la cuestión ambiental, sino a la certeza de que las obras que se realicen en el territorio funcionen correctamente.
“Es importante comentar que el POERTEO no es una camisa de fuerza ni es una limitante para el desarrollo, que a lo mejor es importante se conozca, es un instrumento que favorece, no limita, lo que se busca es un desarrollo sustentable, que las actividades que se desarrollen sean de forma adecuada y ordenada”, insistió.
Mencionó que ambientalistas, académicos y profesionales en general, así como organizaciones de la sociedad civil desconocen el motivo por el cual abrogó el POERTEO, pero también el por qué se desea tener uno nuevo, en donde hizo un llamado a las y los legisladores a conocer el proyecto que costó tiempo, esfuerzo y recursos.
Como comité, agregó, festejan la creación de la Secretaría de Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable, iniciativa impulsada por varios años por la sociedad civil, pues con ella se abren grandes oportunidades para Oaxaca, sin embargo la abrogación del POERTEO sólo trae afectaciones serias a la entidad y en eso esperan la sensibilidad de las y los diputados locales.
