El coordinador de la Fracción Parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN) en la LXIII Legislatura, Juan Mendoza Reyes, afirmó que la aprobación del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción por las y los integrantes de la LXIII Legislatura, cierra el paso a los “moches” y permitirá la recuperación de la confianza ciudadana en las instituciones.
La ley, detalló, recaba las principales propuestas efectuadas por las fracciones parlamentarias del PAN, Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), de la Revolución Democrática (PRD) y del Trabajo.
El dictamen, dijo, emanado de las comisiones de Administración de Justicia –de la cual forma parte– y de Vigilancia de la Auditoria Superior del Estado, demuestra el trabajo intenso, serio, responsable y comprometido que permitió el consenso.
“Juntos, comprendimos y pusimos nuestra convicción en una ley que nos compromete a todos a poner en práctica estas herramientas legales e institucionales que nos permitan avanzar de manera frontal y decidida en el abatimiento de la corrupción”, destacó.
Oaxaca, sostuvo, está preparada para extirpar este cáncer que lacera las entrañas mismas de nuestra sociedad y que contribuye a una sangría millonaria de recursos que en lugar de ser aprovechados para el desarrollo y el sustento de las familias, se va de forma directa hacia las cañerías de la corrupción económica, moral y política.
Refirió que de acuerdo al Instituto Mexicano de Competitividad, la corrupción en nuestro país ha aumentado de manera exponencial en los últimos años, pues de 2000 al 2016, la cifra de recursos que son integrados al engranaje de la corrupción aumentó casi cuatro veces, llegando a dos mil millones de pesos.
Como resultado, apuntó, México se ubica en el lugar 123 de 146 economías mundiales analizadas por su percepción como uno de los países más corruptos del orbe.
Según estas mismas cifras, la corrupción no solo afecta a los ciudadanos sino a la industria y la economía en general, pues actividades como la piratería producen más ingresos que las exportaciones petroleras, señaló.
“En Oaxaca, las cosas no han sido diferentes, pues según un estudio publicado recientemente por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), nuestra entidad ocupa el décimo lugar en cuanto a la percepción de corrupción expresada por la ciudadanía. En el mismo estudio se afirma que la tasa de personas que han sido víctimas de corrupción en nuestro estado es de 12 mil 439 por cada cien mil habitantes, una de las más altas del país”, refirió.
Y manifestó la urgencia de establecer un freno a la actuación irresponsable de autoridades que buscan el lucro por encima del bien común.
“Mientras haya funcionarios que acepten moches y contratos bajo el agua, los jóvenes de Oaxaca seguirán sin encontrar respuesta a sus inquietudes de educación, empleo, salud, bienestar y deporte para contribuir al progreso”, advirtió.
Mendoza Reyes indicó que esta ley que tiene por objeto establecer las bases de coordinación para prevenir, investigar y sancionar aquellas faltas administrativas, hechos de corrupción, así como la fiscalización y el control de recursos públicos.
También, precisó, permite la emisión de políticas públicas integrales en la prevención y el combate a la corrupción; así como, en la fiscalización y control de los recursos públicos. Además de acciones permanentes que aseguren la integridad y el comportamiento ético de los servidores públicos; crea las bases mínimas para que todo órgano del estado de Oaxaca establezca políticas eficaces de ética pública y responsabilidad en el servicio público.
“Con esta ley también se aprueba un plazo para que el propio Congreso y todos los entes públicos y legales, expidan a más tardar el 17 de julio de 2017, las reformas, leyes y reglamentos, y realicen las adecuaciones normativas correspondientes”, concluyó.
