La fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática (PRD), que coordina Carol Antonio Altamirano, en el marco del Día de la Libertad de Expresión y la convivencia que se tuviera con periodistas, afirmó que urge en Oaxaca la conformación de una Fiscalía Especializada para atender casos de agresiones a periodistas y la libertad de prensa.
Acompañado del diputado Toribio López Sánchez, las diputadas Eva Diego, Paola Gutiérrez y Silvia Flores Peña, Carol Antonio dijo que al no contar Oaxaca con una fiscalía especializada para casos de agresiones a periodistas, no existe una atención inmediata, de seguimiento o acciones específicas para garantizar la integridad de las y los periodistas.
A su vez el diputado Toribio López Sánchez detalló que la libertad de expresión es fundamental porque permite el debate, la discusión y el intercambio de ideas, sin embargo en el país aún no existen las condiciones adecuadas para el ejercicio de este derecho humano y sobre todo para que periodistas realicen su labor con la confianza de que están protegidos sus derechos.
“Cuando se agrede a un periodista o en el peor de los casos se le quita la vida, se causa un daño irreparable a la persona, a su familia y a la sociedad”, refirió.
En otros temas, legisladores del PRD mencionaron que es una preocupación para su instituto político que el Gobernador del Estado Alejandro Murat Hinojosa, hiciera un veto al contenido del artículo 6to de la Ley Electoral en donde se establecía la prohibición a los servidores públicos de utilizar recursos y programas públicos que están bajo su responsabilidad para influir en el proceso electoral, para inducir, coaccionar e influir en la decisión del voto afectando el principio de imparcialidad, legalidad y certeza
También enviaron un mensaje a las izquierdas del país “si se quiere rescatar a México y reorientar el rumbo, es indispensable construir la unidad con rumbo al 2018”.
Finalmente, mencionaron que ante la detención de Germán Tenorio Vasconcelos la exigencia es que se le procese y responda por todos los hechos que se le imputan para sentar un precedente de que los servidores públicos deben conducirse con honestidad, transparencia y estricto apego a la ley, hacerlo de otra manera debe de responder por sus actos y asumir su responsabilidad tanto administrativa como penal.
