El diputado local del PRD Horacio Antonio Mendoza, presentó la iniciativa por el que se adicionan algunas disposiciones del Código Penal para el Estado de Oaxaca, que prevé sancionar la cobranza extrajudicial si viola los Derechos Humanos de las personas cuando un acreedor exige su pago.
El Vicecoordinador Parlamentario del PRD en el Congreso del Estado, Horacio Antonio Mendoza, presentó la iniciativa con proyecto de decreto que considera adiciones al Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca, en el que supone que ningún proveedor de servicio puede violar los Derechos Humanos de un deudor, al momento de obtener su pago.
“La ciudadanía ha expuesto la forma en que los deudores son intimidados, ya sea telefónicamente o por escrito, dónde se les insulta, denigra, amenaza, inclusive se les desacredita en sus empleos, llaman a toda hora a su domicilio o los amedrentan refiriéndose la integridad y vida misma del deudor”, señaló.
En ese sentido, manifestó que aún cuando el incumplimiento de las obligaciones establecidas dentro de los contratos celebrados, tienen como consecuencia diversos procedimientos que le permiten a cualquier acreedor lícito hacer valer sus acciones en contra del deudor, en los actos de cobranza extrajudicial efectuadas por particulares, no se debe recurrir a medios de coacción y amenazas para obtener la satisfacción de sus intereses, “el acreedor debe recibir su pago, no obstante, no puede realizarlo con llamadas por la noche, la madrugada o a muy tempranas horas de la mañana, enviando cartas intimidatorias y amenazantes a los domicilios convencionales y laborales, tanto de los deudores como las personas que han sido puestas como referencias”, puntualizó.
El legislador externó que la cobranza extrajudicial ilegal debe ser sancionada y regulada como un tipo penal, a fin de que esta práctica deje de transgredir los derechos fundamentales de toda persona a la dignidad humana, “la CONDUSEF informó que durante el 2016, recibió 28, 220 quejas por malas prácticas de despachos de cobranza, donde para el cobro de deudas o créditos, se utilizan medios ilícitos e ilegítimos, como el engaño, la violencia, el hostigamiento, amenazas, intimidación, incluso documentación y sellos falsos, usurpando funciones públicas, eso es un abuso, una violación a la integridad y privacidad”, declaró.
Además, Antonio Mendoza expresó que con dicha iniciativa no significa que está de acuerdo con la morosidad o que se pretenda incentivar la cultura de la deuda, “por el contrario se trata de fortalecer la educación financiera de la ciudadanía, con la finalidad de que su capacidad de endeudamiento sea acorde con sus ingresos, así como también advertir a las instituciones financieras y todas aquellas que otorguen créditos, que éstos sean con base a los ingresos reales y comprobados de los ciudadanos”, finalizó.
