Arropado por un amplio currículum en temas de seguridad nacional, Gerardo Rodríguez Sánchez, integrante del colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia (Casede), habló con EL DEBATE vía telefónica sobre su percepción de la actualidad violenta por la que atraviesa el país, además de aclarar por qué los gobiernos estatales aprueban con buenos ojos la Ley de Seguridad Interior.
Pese al malestar social, se aprobó la Ley de Seguridad Interior; sin embargo, los 11 gobernadores que estuvieron en el Senado dijeron sí a la ley, ¿por qué?
Los gobernadores han demostrado que son unos irresponsables. Un porcentaje de la fuerza de seguridad de su estado lo provee el Ejército o la Secretaría de Marina, situación que les quita parte de lo que es su responsabilidad. Con la amenaza de retirarles este apoyo, algunos gobernantes se preocupan, pues quedaría al desnudo su ineficiencia, y prefieren seguir con el respaldo federal sin importarles lo que esto a futuro le pudiera generar a la ciudadanía.
¿Cómo se pudiera mejorar la situación de violencia que vive el país?
México tiene que profesionalizar de manera integral y urgente a sus policías en los ámbitos municipal, estatal y federal. Se tiene que invertir más recursos para tener una mejor Policía preventiva, de investigación y darle solidez a las instituciones de seguridad y de justicia. De nada sirve que profesionalicemos a nuestras policías si nuestras instituciones se ven rebasadas al no tener suficientes jueces, ministerios públicos también.
¿Cómo combatir la corrupción que existe en el seno de las corporaciones de seguridad?
Castigando de manera ejemplar a todo el que se compruebe que ha participado en el ilícito; claro, todo de la mano con la profesionalización de las instituciones.
¿Es México un narco-Estado?
Aún no podemos llamarlo así. El problema es que ya hay regiones del país en el que el fenómeno del narco-Estado, narcogobiernos, ya son una realidad. Está el caso de Michoacán, Tamaulipas. Entonces una situación que ya se ha dado y que afortunadamente no es una condición nacional.
Hay municipios que han optado por armarse y defenderse sin el apoyo de la autoridad, ¿qué opina de esto?
Cuando se disparan los niveles de violencia, pero sobre todo de impunidad, y no son controlados, es cuando aparece el fenómeno llamado «autodefensas». Cuando los líderes de comunidades miran que no hay condiciones de seguridad, que no se castiga a los delincuentes, es cuando la sociedad busca justicia por propia mano. En Sinaloa se está presentando en su máxima expresión con estos videos de un supuesto grupo de justicieros en Culiacán.
¿Es grave la aparición de estos grupos justicieros en el estado?
Al Gobierno del Estado debe de preocuparle, ya que lo están exhibiendo por partida doble. Primero están los castigados, que son delincuentes, y después los supuestos justicieros, que andan armados sin preocuparles si hay o no autoridades. Pero esto ya se ha visto en Michoacán y Guerrero, donde el hartazgo de la gente los obliga a actuar, aunque es en contra de la ley.
¿Qué opina de la amnistía que López Obrador propone para mitigar el problema del narcotráfico?
La amnistía es una de las opciones que López Obrador está considerando, es una ocurrencia sin sustento. La amnistía es para una situación de guerra directa que se vive en un país como Colombia, por ejemplo. En México no tenemos un Ejército irregular que le haya declarado la guerra al Estado mexicano, lo que tenemos es una pulverización de organizaciones criminales que se tienen identificadas. Tampoco se le ha preguntado a sus líderes si quieren una amnistía porque ellos quieren seguir ganando dinero y nunca le han pedido a un Estado acuerdos, por lo que es ridícula la propuesta de Andrés Manuel.
¿Cuál debería de ser la propuesta más viable para enfrentar en México el problema del crimen organizado?
Ataque a la corrupción en las instituciones de seguridad, profesionalizar y dar solidez a todas las corporaciones de seguridad con un mayor presupuesto.
¿QUIÉN ES GERARDO RODRÍGUEZ SÁNCHEZ LARA?
Trayectoria: Profesor investigador del Departamento de Relaciones Exteriores y Ciencias Políticas de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), coordinador académico del Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia de la UDLAP, profesor de terrorismo y seguridad nacional en cursos de posgrado en el Centro de Estudios del Ejército y Fuerza Área, también se ha desempeñado como director general adjunto en la Oficina de la Presidencia de la República, asesor de la C. Secretaría de Relaciones Exteriores y asesor en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados.
