Tres jóvenes fueron desaparecidos. Tres, de 15, 16 y 20 años de edad, fueron detenidos por policías municipales el pasado 27 de diciembre en Chilpancingo, Guerrero. Según el relato de una de las víctimas, los llevaron a una casa de seguridad y luego fueron entregados a un sector de la Policía Ministerial en Acapulco, donde permanecieron incomunicados y fueron torturados durante siete días.
El 3 de enero los dejaron atados de manos frente a un centro comercial en la capital guerrerense. Otros policías los hallaron, pero en vez de ser entregados a sus familiares, dos de ellos fueron detenidos acusados de robo y violación; el tercero logró escapar.
Entre los pasados 23 y 31 de diciembre, siete jóvenes fueron reportados como desaparecidos tras ser detenidos por policías de Chilpancingo. Dos de ellos aparecieron muertos, tres denunciaron torturas por parte de los uniformados y dos siguen sin ser localizados.
El pasado 3 de enero, tres jóvenes fueron localizados atrás de una tienda Soriana y a un costado del Palacio Municipal de Chilpancingo. Estaban semidesnudos, atados de las manos y con signos de tortura, pero con vida.
De acuerdo con familiares de los tres jóvenes, policías de Chilpancingo los detuvieron el pasado 27 de diciembre y posteriormente entregados a un grupo de la Policía Ministerial de Acapulco, que los mantuvo incomunicados durante siete días para después ser abandonados en el centro comercial de la capital guerrerense.
Los tres jóvenes, de 15, 16 y 20 años de edad, se salvaron gracias a que uno de ellos anotó el número telefónico de su novia en un jabón y pidió a una persona que le llamaran para informarle en dónde los tenían. Al día siguiente de la llamada fue cuando los liberaron.
La defensora de derechos humanos de Acapulco Julia Alonso Carvajal dijo que posiblemente la intención de la Policía Ministerial era desaparecerlos o asesinarlos, como a Abel Aguilar García y Efraín Patrón Ramos– quienes siguen sin ser localizados–, y Jorge Arturo Vázquez Campos y Marcos Catalán Cabrera– hallados muertos el 3 de enero, también en Chilpancingo–.
Jorge Arturo Vázquez Campos tenía de 30 años de edad y Marco Catalán Cabrera, 34. Efraín Patrón Ramos tiene 25 años de edad y Abel Aguilar García, 18.
Los siete jóvenes fueron detenidos durante los últimos días de 2017 bajo diferentes circunstancias.
Virgilio Marcelo, padre de Héctor Josué, el menor de 15 años, contó que su hijo fue detenido cerca de las 15:00 horas del 27 de diciembre por la Policía Municipal en la calle Eusebio Mendoza, de la colonia Jardines del Sur, en Chilpancingo.
Dijo que desde ese día no supieron de su paradero y que los policías no lo llevaron a la delegación de Barandilla, “o si lo llevaron nadie nos quiso informar”. No tuvieron noticas de su hijo desde ese día hasta el 3 de enero, cuando fue encontrado junto a los otros jóvenes dos al sur de la ciudad.
Tras el hallazgo, Héctor Josué logró escapar. Su padre no explicó cómo, pero los otros dos jóvenes en vez de ser entregados a sus familiares quedaron detenidos acusados de robo.
Julia Alonso denunció que se violaron flagrantemente los derechos humanos de los tres jóvenes y el debido proceso, pues estuvieron privados de su libertad, incomunicados y siendo torturados durante siete días, y ahora dos de ellos no han sido puestos a disposición de ninguna autoridad cuando, de acuerdo con el nuevo Sistema de Justicia Penal, los detenidos deben ser puestos a disposición de la autoridad en las dos horas posteriores a su detención.
La defensora de derechos humanos dijo que el caso demuestra que en la detención ilegal, desaparición y tortura no solamente está implicada la Policía de Chilpancingo, sino también la Ministerial de la Fiscalía General del Estado (FGE).
De acuerdo con Alonso Carvajal, el adolescente relató que después ser detenidos por la Policía Municipal el 27 de diciembre, fueron trasladados a una casa de seguridad cerca de Chilpancingo, en donde escucharon que había otros detenidos.
En ese lugar comenzó la tortura y no saben en qué momento fueron entregados a la Policía Ministerial de la Agencia del Ministerio Público sector central de Acapulco y al mando de un comandante a quien le decían “Tino”, agregó la defensora de los derechos humanos.
“Están vivos de milagro, porque la intención era desaparecerlos o asesinarlos como ocurrió con los otros jóvenes”, dijo Julia Alonso.
El domingo pasado, el Fiscal del estado, Javier Olea, declaró que “algunos medios de comunicación de Chilpancingo han difundido información sobre otros cuatro jóvenes desaparecidos”. Agregó que tres jóvenes están vinculados a proceso por robo en casa habitación y violación, y que el cuarto “está prófugo”.
Julia Alonso ha exigido a las corporaciones de Acapulco y Chilpancingo los videos de las cámaras de seguridad de sus instalaciones para comprbar la manera en la que fueron procedieron contra los jóvenes, sin embargo, estas han sido negadas.
Asimismo, exigió a la Fiscalía de Guerrero que investigue el caso o, de lo contrario, acudirá a otras instancias, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para descubrir los vínculos de las policías Municipal y Ministerial con, posiblemente, el crimen organizado.