Abatir la desigualdad económica y social son condiciones indispensables para el goce y ejercicio de los derechos humanos en un país en el que 30 por ciento de la población enfrenta carencias sociales y 53.4 millones de personas viven en la pobreza.
Por ello, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) demandó a las autoridades correspondientes atender de manera inmediata esos problemas a través de políticas encaminadas al combate a la pobreza y la adopción de un modelo económico sostenible e inclusivo.
Con motivo del Día Mundial de la Justicia Social, que se conmemora mañana 20 de febrero, el organismo presidido por Luis Raúl González Pérez emitió un posicionamiento en el que destacó que el abatimiento de la pobreza constituye el primer objetivo que plantea la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, “dicho imperativo es definitorio para la consecución de los restantes Objetivos de Desarrollo Sostenible”.
Resaltó que de acuerdo con las últimas estimaciones de la pobreza en México, publicadas por la Comisión Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), 53.4 millones de personas en México se encuentran en situación de pobreza, en tanto que 9.4 millones se ubican dentro un escenario de pobreza extrema.
En dicho reporte, se destaca también que, en promedio, casi 30 millones de personas en México enfrentan carencias sociales, entre las que se contemplan el rezago educativo, acceso a los servicios de salud, la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda (casi 68.4 millones) al igual que sus servicios básicos, como también a la alimentación.
La CNDH remarcó que el estudio del Coneval da cuenta del contraste en la distribución de la riqueza que se observa en el país, dado que entidades como Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Veracruz y Puebla ostentan los niveles más altos de pobreza con 77.1, 70.4, 64.4, 62.2 y 59.4 por ciento, respectivamente, mientras que Nuevo León, Baja California Sur y Baja California, cada una con 14.2, 22.1 y 22.2 por ciento, reportan los índices más bajos.
“La CNDH hace un llamado a las autoridades de todos los ámbitos de gobierno a emprender acciones encaminadas al combate a la pobreza y reducción de las desigualdades, a través de políticas públicas y procesos de planeación que reflejen una perspectiva de derechos humanos, además de estar sujetos a la participación y escrutinio de la sociedad civil”.
Como parte de la agenda de la justicia social, el organismo nacional exhortó a las autoridades, organismos de protección y la sociedad civil en general para consultar el informe “Pobreza y Derechos Humanos” publicado en septiembre de 2017 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Igualmente, los estudios en materia de salario mínimo, corrupción, ciudades sostenibles y presupuestos públicos, presentados por la propia CNDH, iniciativas a través de las cuales se caracteriza a la pobreza, desigualdad y carencias sociales como restricciones para el goce y ejercicio de los derechos y libertades.
