Ciudad de México— El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, expresó su preocupación por la declaración de funcionarios federales de que el Gobierno pretende dar por concluida la investigación del caso Iguala antes de que concluya el sexenio de Enrique Peña Nieto.
El Ombudsman sostuvo que el Gobierno federal debe garantizar que se han agotado todas las líneas de investigación sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, ocurrida el 26 de octubre de 2014.
Tras participar en un foro en el Senado, González Pérez señaló que la indagatoria debe garantizar el derecho a conocer la verdad de los familiares de las víctimas, castigar a los culpables y, ante todo, conocer el paradero de los desaparecidos.
“La CNDH ha sido enfática en que se tienen que agotar todas las líneas de investigación que nos permitan conocer la verdad, fincar las responsabilidades de quienes hayan cometido estas atrocidades de desaparecer a 43 jóvenes, el que haya reparación integral del daño, y que haya garantías de no repetición”, planteó en entrevista.
González Pérez advirtió que el organismo evaluará las conclusiones del caso que pretende presentar la PGR.
“La CNDH será puntual desde la perspectiva de derechos humanos. Nosotros no investigamos delitos, nosotros verificaremos que haya una procuración de justicia que responda al reclamo precisamente de justicia que demandan los padres. Los padres quieren saber el paradero de sus hijos, desconocemos la información con que cuente la PGR, pero en todo caso esa información será evaluada por la CNDH”, afirmó el Ombudsman nacional.
La semana pasada, en audiencia pública en Bogotá ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Miguel Ruiz Cabañas, subsecretario de Relaciones Exteriores, admitió que el Ejecutivo federal tiene la intención de presentar conclusiones este mismo año.
A su vez, Alfredo Higuera, fiscal Especial de la PGR para el caso Iguala, informó que en las últimas semanas se obtuvo información que confirmaría el móvil de la desaparición de los normalistas y la colusión de policías municipales con la organización criminal Guerreros Unidos.
Mario Patrón, abogado de los padres de los estudiantes, expresó su preocupación de que exista urgencia de cerrar el caso sin localizar a los desaparecidos.
