El presidente municipal de Santa Catarina Juquila, Francisco Zárate Pacheco, emergido del Partido del Trabajo (PT) y quien busca la reelección por la coalición Morena-PT-PES, está vulnerando los derechos de la comunidad indígena de San Marcos Zacatepec, denunciaron hoy el agente Modesto Mata y el asesor jurídico Ariel Morales.
Ariel Morales explicó que el Edil se niega a entregar los recursos de los ramos 28 y 33 de los años 2017 y los del 2018, que corresponden a esta agencia de policía, con poco más de 1,600 habitantes.
Dijo que desde el 2014, comenzaron juicios contra el gobierno municipal priista que encabezó Manuel León Sánchez, por la misma situación, quien se negó a reconocer a las autoridades de Zacatepec, y pensaron que con Francisco Zárate las cosas cambiarían pero no es así.
Mencionó que al iniciar una demanda por el reconocimiento de las autoridades de la agencia, después porque les quitaron los bastones de mando y el edificio de la agencia enviándoles a un encargado, figura que no existe jurídicamente, y posteriormente para exigir los recursos que les correspondían para obras de la comunidad, se les castigó no entregándoles los recursos que les tocan, pese a haber ganado los juicios.
Abundó que en 2017 salió una nueva sentencia en donde se ordenó hacer una consulta indígena sobre la elección de sus autoridades, pero el Edil municipal otra vez minimizó el tema y en lugar de ir a presenciar las actividades enviaba a funcionarios de menor nivel, por lo que interpusieron un juicio de inejecución de la sentencia.
Agregó que el 25 de abril de este año, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió por unanimidad declarar por concluido el plazo para la consulta y ordena a autoridades de Juquila entregar los recursos económicos establecidos en la propuesta hecha por la agencia de san marcos Zacatepec, en un plazo no mayor a 30 días, por una suma superior a los 2 millones 600 mil pesos.
Ariel Morales dijo que la autoridad municipal no ha cumplido con la sentencia, lo cual se trata de violación a los derechos humanos de una colectividad, que tiene que ser resarcida, porque en un estado democrático, la justicia debe ser completa y oportuna.
