Un tribunal mexicano ha ordenado este lunes la creación de una Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia para el caso Ayotzinapa. Los magistrados del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito han concluido que la Procuraduría General de la República (PGR, Fiscalía) realizó una investigación con diversas irregularidades que impidieron conocer qué fue lo que pasó con los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa que desaparecieron la noche del 26 de septiembre de 2014, en el municipio de Iguala (Guerrero, sur de México).
“Se estableció que [la investigación] no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial por parte de la Procuraduría General de la República como lo exige la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como los protocolos adoptados por la Organización de Naciones Unidas”, señala el fallo judicial. Los jueces han justificado su decisión señalando que durante la construcción del caso existieron graves violaciones a los derechos humanos y a que no existe una Fiscalía independiente que investigue a integrantes del Gobierno. “Se determinó que hay indicios suficientes para presumir que las confesiones e imputaciones en contra de coinculpados fueron obtenidas mediante tortura”, apunta el tribunal.
La Comisión para la Verdad de Ayotzinapa estaría formada por los representantes de la víctimas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el Ministerio Público de la Federación y organizaciones nacionales e internacionales que puedan aportar su experiencia a la nueva investigación. El tribunal ha especificado que serán los padres de los 43 estudiantes y la CNDH quienes decidirán las líneas de investigación a seguir y las pruebas a desahogar durante el proceso.
La PGR se ha inconformado con la decisión de los magistrados. En un comunicado, la Fiscalía ha dicho que no comparte el criterio de Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito. “Desconoce la división de poderes y las facultades de persecución, investigación y el ejercicio de la acción penal… que corresponde al Ministerio Público”, afirma el documento. Las autoridades afirman que la investigación continúa.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, representantes de los padres de los 43 estudiantes, han expresado que la decisión del tribunal es histórica y que reconoce que el Gobierno mexicano incurrió en diversas irregularidades durante el proceso de investigación. Además han señalado que los jueces han considerado que la Fiscalía fue omisa con las líneas de investigación que sugerían la participación del Ejército mexicano y de la Policía Federal en las desaparición del grupo de alumnos.
“La investigación precedente estuvo dirigida a practicar y poner sólo énfasis en aquellas pruebas que pudieran apoyar una versión de los hechos que narraron varios detenidos en sus declaraciones autoincriminatorias (cuya legalidad, como se vio ha sido cuestionada por este Tribunal Colegiado), acorde a la incineración de los estudiantes en el basurero de Cocula y el depósito de sus restos en el Río San Juan”, apunta el fallo.
La decisión de crear la Comisión para la Verdad ocurre después de que cuatro de los acusados de la desaparición de los estudiantes presentaron amparos ante la justicia y denunciaron que sus declaraciones fueron obtenidas a través de la tortura. Gildardo López Astudillo, El Gil, supuesto jefe de los sicarios que habrían secuestrado a los alumnos, encabeza la petición. La investigación que la Fiscalía ha presentado al público tiene su sustento en los testimonios de los sicarios que confesaron que la Policía de Iguala les entregó al grupo de jóvenes, que los ejecutaron y después quemaron sus cuerpos en el basurero de la comunidad de Cocula para después esparcir sus restos en un río aledaño.
