El Parlamento de Hungría aprobó hoy una ley que castiga con hasta un año de cárcel a quienes ayuden a migrantes en situación irregular, entre los que se incluyen refugiados y solicitantes de asilo.
La mayoría del partido gobernante, el Fidesz, dirigido por el primer ministro nacionalista Viktor Orbán, apoyó la normativa pese a las críticas y las solicitudes, por parte de organizaciones humanitarias húngaras y extranjeras, para que retirara el proyecto de ley.
Junto a la polémica ley, el Parlamento también aprobó una enmienda constitucional contra el sistema europeo de reubicación de refugiados entre los países de la Unión Europea (UE).
En 2015, Hungría selló su frontera con Serbia y levantó una valla para impedir la entrada de refugiados procedentes de África y Siria, en su mayoría, que se adentraban a Europa a través del mar Mediterráneo.
Anunció que sólo tramitaría peticiones de asilo a ciudadanos de zonas en conflicto, con documentación, en los puntos de entrada oficiales. A partir de entonces aplicó leyes que establecen penas de hasta tres años de cárcel por entrar de forma ilegal a su territorio y cinco años por el agravante de dañar la alambrada.
También aplicó procedimientos acelerados de asilo para determinar en pocos días si las solicitudes eran aceptadas, los refugiados que no obtenían ese estatus eran devueltos a Serbia.
La crisis de migrantes en Hungría tuvo proyección global por las leyes para evitar su entrada, pero también por un episodio en el que una reportera pateó a varios refugiados, entre ellos niños, que corrían desde la frontera con Serbia, antes de que fuera sellada.
Los refugiados sirios que fueron agredidos, identificados como Osama Abdul Mohsen y su hijo Zaid, se instalaron en España para acomodarse en la ciudad madrileña de Getafe, donde el padre fue contratado por la Escuela Nacional de Entrenadores de Futbol.
