Juan Pablo Ceja Gutiérrrez, quien desde 2000 al 2012 fue trabajador de la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, denunció que el organismo le adeuda 3 millones de pesos luego de ser víctima de despido injustificado por el defensor Arturo Peimbert Calvo.
Explicó que luego de años de lucha legal, consiguió un laudo a su favor, pero en septiembre del año pasado, violando sus derechos como trabajador el juez quinto de distrito, Leonel Medina Rubio, ordenó la suspensión del cheque que ya se había girado en su favor.
Recordó que en el momento del despido, en el 2012, el defensor Arturo Peimbert Calvo, argumentó que no contaba con el perfil para estar en el cargo como encargado del área de comunicación, aún cuando meses antes había culminado su maestría en derechos humanos por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca.
Mencionó que del 2000 al 2012 se desempeñó con profesionalismo y ética ocupando varios cargos, entre ellos como oficial administrativo, técnico administrativo, encargado del área hasta llegar a a titularidad del área de comunicación social del organismo donde estuvo los últimos seis años.
Explicó que al presentar su primera demanda tras su despido injustificado, la parte patronal argumentó que no había sido trabajador del organismo, donde se vio obligado a presentar los nombramientos expedidos y lo que ayudó a que el juicio laboral avanzara y después lo favoreciera.
“Es grave que Arturo Peimbert use su influyentismo para que la fuente que le fue embargada por orden de la autoridad laboral para que se me pagara, se destrabe del congelamiento de la cuenta y pueda disponer del dinero que ya está a mi nombre”, insistió.
