El conflicto agrario entre las comunidades de Santa María Ecatepec y San Lucas Ixcotepec, en la Sierra Sur que este martes cobró la vida de 13 personas, encendió los focos rojos en Oaxaca, aunque el propio Gobernador Alejandro Murat Hinojosa trate de minimizar los hechos de sangre al declarar “que se trató de un hecho aislado”.
Mientras que Héctor AnuarMafudMafud, titular de la Secretaría General de Gobierno y directamente responsable de la política interna también minimizara la emboscada y con un dejo de ironía expusiera a los medios de comunicación que como el conflicto agrario de Santa María Ecatepec y San Lucas Ixcotepec, hay 360 en la entidad.
Si como Mafud declaró a la prensa que existían mesas de diálogo permanente y que hasta el 8 de junio que se sentaron los directamente involucrados en el conflicto agrario, habían acuerdos, era para que las cosas marchara en paz, sin embargo, su versión contrasta con los hechos de sangre registrados, hay una total contradicción.
Ciertamente desde hace varias décadas en Oaxaca los conflictos agrarios han derivado muertos, heridos, despojos, ocupaciones injustas, desplazamientos y luto. Cada caso requiere una atención especial, en algunos casos, son invasiones bajo el cobijo de líderes “sociales”, complicidad de autoridades locales, federales por distintos intereses.
El caso de Santa María Ecatepec y San Lucas Ixcotepec es un poco de todo. Remontémonos un poco al pasado, donde uno de los personajes claves en esas comunidades fue la intromisión de la diputada Sofía Castro Ríos, quien antes de perder el poder en su natal San Carlos Yautepec, ya había perdido el control municipal en Santa María Ecatepec.
Ahí, en 2010 ya no pudo poner a la autoridad municipal, siete agencias conspiraron ante el yugo de la cabecera municipal por décadas, para no permitir la llegada de Alfredo Flores como Presidente Municipal.
En 2011, por primera vez en este municipio hubo un administrador municipal, luego un Consejo de Administración con personas del municipio y finalmente desde 2012, nuevamente administrador municipal, hasta la fecha. Cabe señalar que el primer administrador fue designado por la diputada Eufrosina Cruz Mendoza y posteriormente por los hermanos Serrano Toledo, quienes ahora son de Morena.
La cabecera municipal de Ecatepec es paso obligado para 3 agencias de San Carlos Yautepec, uno de ellos es San Lucas Ixcotepec, que forma parte de la Unión de Pueblos y Comunidades Indígenas de Yautepec, que recientemente lograron ganarle la batalla a Sofía Castro y evitaron se apoderara de San Carlos.
Otras agencias son San Pablo Topiltepec y San Pedro Tepalcatepec, dónde hace un año también hubo muertos por asuntos agrarios. 
Hace dos años y medio, Ecatepec cerró el paso a vehículos que se dirigían a San Lucas, tanto privados como de servicio público. No dejaban salir ni entrar mercancías, tampoco personas, al llegar a su entrada o salida, según el caso, bajaban a la gente con su mercancía y las hacían caminar. Ese mismo camino que entra por La Reforma y sale a San Bartolo Yautepec, era usado por habitantes de San Lucas, aumentando el trayecto, así como el costo.
Fueron meses de búsqueda de una salida, la SEGEGO no puso atención, y fue hasta cuando la Unión de Pueblos logró la Presidencia de San Carlos Yautepec, cuando una de sus demandas fue liberar el camino y hace 3 meses retiraron la cadena que impedía el paso, justo cuando Ecatepec nombró nuevo Comisariado de Bienes Comunales.
En la zona de los muertos, Santa María Ecatepec, es área de conflicto, usado por años por pobladores de San Lucas en el cultivo de maguey. Se dice que personas tienen parcelas y que por mucho tiempo fueron hostigados, amedrentados y derivó en la tragedia que hoy es noticia ampliamente conocida.
Los conflictos agrarios necesitan ser resueltos y los medios de solución deben ser replanteados. Con integralidad y tacto, las injusticias cobradas por mano propia no son la salida, se necesita presencia y actos de autoridad antes de que la impotencia se convierta en justicia por propia mano. 
Se necesita que el Gobierno Federal actúe con responsabilidad, evitando que el estatal sea crucificado cada que un conflicto agrario estalle.
Recordemos que las consecuencias de estos, los sufre Oaxaca y por ello, tuvo que crear la Junta de Conciliación Agraria, desde entonces, la Federación encuentra pretexto para lavarse las manos.
Triste que la Fiscalía General del Estado y la propia Secretaría General de Gobierno, en su momento nunca fueron a la zona, por ello, sin delegados de Gobierno y los conciliadores de la Junta de Conciliación Agraria sin recursos, los conflictos pueden seguir escalando. Y a ello hay que sumarle la falta de coordinación con el Gobierno Federal.
Los conflictos agrarios son federales, pues las resoluciones presidenciales con que se dieron origen a las comunidades agrarias y ejidos, son determinaciones de la Federación, por ello debería haber estrechar coordinación entre ambas instancias de Gobierno, pero no es así.
Los conflictos tienen una explicación, pues en los años en que se definieron los polígonos correspondientes y los planos definitivos, los instrumentos de medición no eran tan exactos y, en muchos casos, se hicieron con poco trabajo de campo.
Probablemente fue omisión del gobierno de Oaxaca o del gobierno Federal.
Lo que sí queda claro es que la Secretaría General de Gobierno a cargo de Héctor AnuarMafudMafud ha quedado rebasada, es inoperante aún con toda la experiencia política que presume el titular, y a ello hay que sumarle la falta de coordinación con la Federación.
Y “después del niño ahogado”, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca, Raymundo Tuñón Jáuregui reportó que instalaron un destacamento de la policía en la zona de conflicto, quienes permanecerán el tiempo que sea necesario para restablecer la paz y seguridad en ambas comunidades.
TIENE IOCIFED HASTA 31 DE DICIEMBRE PARA EJERCER 2 MIL 194 MDP
Menuda bronca y enorme reto el que tiene hoy el Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa (IOCIFED) con la aplicación de recursos por el orden de 2 mil millones 194 mil pesos, de los cuales mil 900 millones de pesos son del Fondo de Desastres Naturales para la reconstrucción de mil 154 escuelas que resultaron dañadas por los sismos.
La fecha límite para ejercerlos vence el 31 de diciembre, imposible que pueda el Gobierno de Oaxaca cumplir con esa responsabilidad, tendrá que solicitar una segunda prórroga para que los recursos que no se alcancen a aplicar, no sean devueltos al Gobierno Federal.
De acuerdo a lo expuesto por el director del IOCIFED, Mario Bustillo Cacho a las aseguradoras les corresponde ejercer 290 millones de pesos, mientras que Bancomer tiene 15 millones de pesos que también deberán aplicar en la reconstrucción de edificios escolares y se apoyan con tres supervisiones externas.
A ello se agregan los recursos del programa normal que deberán ejercerse por 390 millones de pesos y que de igual forma, vence el 31 de diciembre, y si no logran aplicarlos, se regresan a la Federación.
En lo que fue su derecho de réplica, Bustillo Cacho aclaró que no tiene ningún interés económico en la adjudicación de las obras, que para el caso de estos recursos totales para escuelas dañadas ya están iniciadas en un 90%, lo que faltaría por licitar son las obras de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, las cuales, dijo, se harán con total transparencia.
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