Organizaciones civiles en Oaxaca, constituidas en la Coordinación para la Libertad de Personas Defensoras Criminalizadas en Oaxaca, solicitaron públicamente una reunión con el presidente electo Andrés Manuel López Obrador para tocar temas como la libertad de 33 personas defensoras “criminalizadas” en la entidad.
Eva Lucero Rivero Ortiz, vocera de la Unión Cívica Democrática de Barrios, Colonias y Comunidades (UCIDEBACC), y Yésica Sánchez Maya, directora adjunta de Consorcio para el Diálogo y la Equidad Oaxaca, afirmaron que son más de 25 organizaciones las que se suman en esta coordinación en busca de justicia para amigos, compañeros y familiares.
Eva Lucero Rivero destacó que las personas de las que piden justicia, llevan de 5 y hasta 11 años presos, bajo procesos jurídicos viciados, aletargados para prolongar con ello un “castigo de Estado”, con actuaciones fuera de toda legalidad por parte de la Procuraduría General de la República (PGR), jueces federales, Fiscalía General del Estado de Oaxaca y Tribunal Superior de Justicia del Estado.
Enlistó a las personas para las que piden justicia: Damián Gallardo Martínez, Librado Baños Rodríguez, Enrique Guerrero Aviña, Pablo López Alaves, Norma Cleyver Cruz Vásquez, Wiliam García Méndez, Nicaso Zaragoza Quintana, Felipe Rojas Ordunio, Teófilo García López, Antonio Zárate Bernal, Joaquín Zárate Bernal, Luis Enrique López López, Jesús Eduardo Sánchez Silva, José de Jesús Martínez Castellanos, Diblallín Islas Rosas, Jaime García Matías, Luis Matías Hernández, Erick Omar Rodríguez Santiago, Bailón Rojas Gómez, Eugenio Hernández Gaytán, Celso Castillo Martínez.
Asimismo, de Germán Guadalupe Mendoza Cruz, Santiago García Espinoza, José Alberto Andrés López, Usiel Matías Hernández, Erick González Guillén, Eleuterio Hernández Bautista, Javier Aluz Mancera, José Enrique Ordaz Velasco, Humberto Castellanos López, Feliciano García Matías, Eduardo Palma Santiago y Jorge Chonteco Jiménez.
Explicó que no piden amnistía o indulto, sino una revisión exhaustiva a la luz de la serie de actuaciones viciadas y corruptas por parte del sistema de procuración de justicia; la liberación inmediata y cancelación de los procesos arbitrarios y reparación del daño, pues se trata de personas criminalizadas que ejercen su legítimo derecho de defender casusas sociales en México.
Yésica Sánchez Maya afirmó que confían en el buen criterio del presidente electo, y que demuestre en los hechos que llegó para cambiar todo aquello que se ha hecho mal en este país.
