A 11 años de la desaparición de los activistas Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Hasta Encontrarlos”, afirmaron que no concuerdan con la postura del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador en el sentido de perdonar y olvidar para que haya reconciliación en el país.
Nadin Reyes, del Comité Hasta Encontrarlos dijo que sus consignas son”Ni perdón, ni olvido, ni reconciliación”, “juicio y castigo a los responsables” porque en casos tan graves como lo son la desaparición forzada de personas, ejecuciones extrajudiciales y tortura tiene que haber justicia.
“Son más 37 mil casos los que reconoce el Gobierno, en el caso de desaparecidos, y no puedes pedirle a las víctimas y familiares que olviden, no será así, porque el daño no se puede reparar, 11 años de desaparición de nuestros familiares con nada los reparan”, expresó, acompañada de Gerardo Rodríguez del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo.
Destacó que sobre la amnistía que ofreció en campaña, el ahora presidente electo debe aclarar de forma específica en qué casos los propone, porque no puede ser así en aquellos hechos de violaciones graves a derechos humanos, no concuerdan con eso organizaciones sociales de víctimas.
Nadin Reyes explicó que del 7 al 9 de agosto asistieron a una serie de audiencias públicas del estado de Oaxaca respecto a la búsqueda de los luchadores sociales Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Cruz Sánchez, consecuencia de la resolución 29/2014 emitida por el poder judicial de la federación en julio del 2014, quien ordenó una serie de acciones.
Expresó que las audiencias se realizaron en la Agencia Estatal de Investigación, en la agencia de la Fuerza Especial de Reacción Inmediata y la Secretaría de Seguridad Pública, espacios señalados como de detención ilegal y tortura durante las acciones de protesta en el marco del movimiento magisterial popular en el 2006 adelantándose la Fiscalía a informar que los resultados son existimos y que no se encontraron evidencias.
Abundó que condenan la manipulación que pretenden hacer los funcionarios públicos de todos los niveles, de asegurarse canonjías con el dolor de las víctimas, de lucrar con la angustia de los familiares por la desaparición forzada de un ser querido, por lo que exigen una investigación real y sin simulaciones.