Con 211 mujeres asesinadas y a casi dos años del Gobierno de Alejandro Murat Hinojosa, la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres es hoy una realidad en Oaxaca.
Por supuesto que no es una noticia que deba alegrarnos, pero sí una medida urgente y necesaria, porque si las instancias encargadas de la seguridad y la impartición de justicia en el Estado, hicieran su chamba, Oaxaca no habría alcanzado los graves niveles de inseguridad que hoy viven miles de familias oaxaqueñas.
Con el registro de 922 agresiones en la actual administración gubernamental, 134 delitos sexuales, 315 desapariciones, 211 feminicidios, 41 suicidios, 191 casos de violencia familiar, 30 casos de violencia política de género, según el conteo de Consorcio para el Diálogo, que refleja de acuerdo a sus estadísticas, que el sexenio más violento fue el de Gabino Cué Monteagudo con 527 asesinatos de mujeres.
La Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres emitida por la Secretaría de Gobernación para el Estado de Oaxaca, es muestra palpable de que la inseguridad rebasó en todos los aspectos, al Gabinete de Seguridad, que como lo hemos dicho en otras entregas de esta columna, son un verdadero fracaso y no pueden o no quieren hacer su chamba.
La responsabilidad, según el dictamen emitido por SEGOB, recae principalmente en la Fiscalía General del Estado, es decir, en el fiscal Rubén Vasconcelos Méndez; en el Centro de Justicia para las Mujeres (CEJUM), donde despacha Jhazibe Valencia de los Santos, este último, por ejemplo,cuyo edificio que alberga al Centro Regional, ubicado en el Istmo, es un verdadero “elefante blanco”.
Desde el sexenio de Gabino Cué Monteagudo lo iniciaron, y es la hora que no lo concluyen, lo peor, es que Juchitán es uno de los municipios considerados como “foco rojo” en los asesinatos de mujeres, por ello, viene incluido dentro de los municipios que la SEGOB dictaminó se hace necesario que cuente con la AVGM.
A ver, si ahora sí, el Fiscal Rubén Vasconcelos se pone las pilas y concluyen ese Centro de Justicia, lo hacen operativo e incluso en el resolutivoen el apartado de Medidas de Justicia y Reparación en el punto cuatro le hacen hincapié sobre la importancia del funcionamiento del Centro de Justicia para las Mujeres de Juchitán y promover su integración al Sistema de Integridad en coordinación con las autoridades federales.
El CEJUM de Juchitán requería de 9 millones de pesos para su conclusión y hasta diciembre del 2017 reactivaron su reconstrucción, sin embargo, hasta el momento lo que sí hay son quejas reiteradas de las víctimas de violencia que no encuentran el apoyo en dicho centro porque no funciona.
Y miren que en el desglose de gastos financieros de la Fiscalía General, el órgano autónomo señala que 146 millones 119 mil pesos fueron invertidos en Gasto Corriente y 9 millones 161 mil pesos para la construcción del Centro de Justicia para las Mujeres en el municipio de Juchitán de Zaragoza, pero ¡no funciona!
De igual forma, otra instancia gubernamental que jugará un papel importante es la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, el mismo Poder Judicial y la que parece que se salva es la Secretaría de la Mujer Oaxaqueña, porque en el resolutivo no la mencionan.
En el dictamen de la SEGOB, también le exigen al Gobierno del Estado el establecimiento de un mecanismo eficiente que permita la investigación y sanción de los actos de autoridades omisas o negligentes que llevaron la violación de los derechos humanos de las víctimas de violencia extrema a la impunidad.
Y efectivamente ese ha sido uno de los grandes males que aquejan a los gobiernos en turno, porque hay que decirlo, la corrupción y la impunidad en el sistema de justicia no ha permitido que los presuntos feminicidas o violadores detenidos sean sentenciados, hay un grave rezago en esa materia que huele a podrido y ojalá hoy con esta alerta se agilicen también esos procesos penales.
En la parte de los considerandos de la resolución y haciendo referencia a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Constitución Política del Estado de Oaxaca, menciona que el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos.
Entre ellos, el de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia; a la Convención Interamericana para Prevenir y erradicar la Violencia contra las Mujeres donde los Estados y las partes convienen adoptar políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia.
Hacen referencia también a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia donde establece la coordinación de la Federación, entidades federativas y municipios para prevenir, sancionar, y erradicarla violencia contra las mujeres.
Establece “que en la entidad federativa se requiere una respuesta de emergencia que modifique las prácticas estatales y sociales que impiden al estado cumplir adecuadamente sus obligaciones de respeto, promoción, protección y garantía de los derechos humanos de las mujeres, principalmente el de vivir una vida libre de violencia”.
Y “es necesaria la alimentación del Banco Estatal de Casos de Violencia para fungir como instrumento de información estadística para el diseño de políticas de prevención de la violencia, desarrollando dentro de él, registros administrativos tanto de los servicios de salud, seguridad y justicia”.
En los resolutivos declara la AVGM, para implementar acciones de emergencia en los municipios:
Región Mixteca: Asunción Nochixtlán, Heroica Ciudad de Huajuapan de León, Heroica Ciudad de Tlaxiaco, San Juan Mixtepec, Santa María Apazco y Santa María Yucuhiti.
Región Cañada: Huautla de Jiménez, Mazatlán Villa de Flores y Teotitlán de Flores Magón.
Istmo: Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza, Matías Romero Avendaño, Salina Cruz, San Juan Guichicovi y Santo Domingo Tehuantepec.
Región Sierra Sur: Miahuatlán de Porfirio Díaz y Putla Villa de Guerrero.
Región Sierra Norte: Ixtlán de Juárez y Santo Domingo Tepuxtepec.
Región Costa: Candelaria Loxicha, San Agustín Loxicha, San Pedro Mixtepec, San Pedro Pochutla, Santa María Huatulco, Santa María Tonameca, Santiago Jamiltepec, Santiago Pinotepa Nacional, Santo Domingo de Morelos y Villa de Tututepec de Melchor Ocampo.
Región de Valles Centrales: Oaxaca de Juárez, San Antonio de la Cal, San Bartolo Coyotepec, San Lorenzo Cacaotepec, Santa Lucía del Camino, Tlacolula de Matamoros, Villa de Zaachila y Zimatlán de Álvarez.
Región Cuenca del Papaloapan: Acatlán de Pérez Figueroa, Loma Bonita, San Juan Bautista Tuxtepec y San Juan Bautista Valle Nacional.
La resolución ordena que en esos municipios se deben instalar a la brevedad los Consejos Municipales para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia de Género Contra las Mujeres a los que hace referencia el artículo 47 de la Ley Estatal de Acceso, y emitir los programas sobre la política municipal orientada a prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en atención a las atribuciones a las que hace referencia los artículos 54 y 70 del mismo ordenamiento legal.
Ordena entre las medidas de seguridad, implementar acciones gubernamentales estatales y municipales en coordinación con la federación para ejecutar medidas de prevención, seguridad y justicia.
La creación de puntos de atención inmediata a mujeres en situación de violencia; la difusión del número de emergencia nacional 911, que deba dar un informe mensual de las llamadas recibidas y el seguimiento brindado; la creación de agrupaciones estatales, municipales o mixtas de seguridad especializadas en los casos de atención de violencia contra las mujeres por razón de género.
También pide el establecimiento, en coordinación con las autoridades estatales, de un mecanismo permanente de emisión y seguimiento de órdenes de protección involucrando a los cuerpos de policía de proximidad, Fiscalía, Centro de Justicia para las Mujeres y Poder Judicial.
Así como la creación de albergues para mujeres víctimas de violencia, sus hijas e hijos en las ocho regiones del estado; la identificación de la incidencia delictiva de los factores de infraestructura y movilidad que requieran atención y desarrollar un programa de intervención urbana dirigido a la disminución de los espacios de riesgo en el transporte público; entre otros.
Se establecen medidas de justicia y reparación, medidas de prevención; de todo ello el Gobierno del Estado y sus municipios deberá informar a la Secretaría de Gobernación a través de la Conavim, un año posterior a la declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de las medidas de seguridad, prevención, justicia y reparación establecidas en el resolutivo.
Ahí lo tienen. A ver si ahora sí, Rubén Vasconcelos y Raymundo Tuñón se ponen a trabajar.
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