Ciudad de México.- El Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción determinó que el Formato Nacional de Declaración Patrimonial y de Intereses entrará en vigor a más tardar en abril del próximo año.
La medida implica que los servidores públicos de la actual Administración, encabezada por el Presidente Enrique Peña, no estarán obligados a presentarla.
Por mayoría de votos, el Comité se opuso a que el formato entrara en vigor el 1 de diciembre próximo, con lo que se obligaría a los actuales funcionarios a presentar sus declaraciones de conclusión en el cargo.
La Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos establece que las declaraciones deben presentarse dentro de los 60 días posteriores al inicio o conclusión del cargo, con lo que también existe la posibilidad de que la primera declaración de los funcionarios entrantes se haga con el formato que aún está vigente.
La propuesta de que la vigencia de los formatos comenzara a partir del 1 de diciembre la formularon Mariclaire Acosta, presidenta del Comité de Participación Ciudadana y Francisco Javier Acuña, presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
La propuesta fue rechazada por el Auditor Superior de la Federación, David Colmenares; la Secretaria de la Función Pública, Arely Gómez; el presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Carlos Chaurand; y el representante del Consejo de la Judicatura Federal, Alfonso Pérez Daza.
También por mayoría de votos, el Comité determinó que la información patrimonial de los familiares de los funcionarios no tendrá carácter público, es decir, que en la versión que los ciudadanos consulten en la Plataforma Digital Nacional no podrán conocer estos datos.
En una votación en la que se desestimó la opinión del INAI, que había determinado que en el caso de las cuentas bancarias debía prevalecer el principio de máxima publicidad, la mayoría de integrantes del Comité votó porque sólo se dé a conocer la variación que tendrán estas a lo largo del tiempo ya sea nominalmente o en porcentaje.
El nuevo formato, expuso Acosta, tiene 555 campos que deben ser llenados y está dividido en los apartados de información personal, intereses, ingresos, activos y pasivos.
Todos los funcionarios públicos del País, sin excepción, resaltó, deberán llenarlo, solo que aquellos que no tengan el carácter de ser personal de base o confianza lo harán en un formato simplificado.
