Mientras en México el gobierno de Enrique Peña Nieto y el equipo del futuro presidente, Andrés Manuel López Obrador, ignoran el caso, en Estados Unidos el inspector general del Departamento de Justicia anunció ayer que investigará un programa de la DEA que habría detonado la Masacre de Allende y un ataque en un hotel de Monterrey.
Hace dos semanas, integrantes del próximo Gobierno Federal encabezado por el tabasqueño anunciaron que habrá una comisión de la verdad para indagar la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa, en Guerrero; y que a ésta seguirían otras para Tlatlaya, en Estado de México, y San Fernando, Tamaulipas, pero sin considerar la masacre en el norte de Coahuila que, según investigadores, habría arrasado con la vida de hasta 300 personas en 2011.
Y es que en México, el mayor avance en la investigación del caso en los últimos años no ha venido de las autoridades encargadas de procurar e impartir justicia, sino de integrantes del Colegio de México.
Los investigadores Sergio Aguayo, Jacobo Dayán, Delia Sánchez y Manuel Pérez participaron en la elaboración de dos reportes vitales para comprender y dimensionar la masacre: “En el desamparo: los Zetas, el Estado, la sociedad y las víctimas de San Fernando Tamaulipas (2010), y Allende, Coahuila (2011)”, y “El yugo Zeta: norte de Coahuila, 2010-211”, publicados en 2016 y 2017, respectivamente.
LA INVESTIGACIÓN CONTRA LA DEA
El inspector general del Departamento de Justicia anunció el martes que su oficina investigaría un programa de la Administración Antidrogas relacionado con los violentos ataques de carteles de drogas en México que han dejado decenas, posiblemente cientos, de personas muertas o desaparecidas.
En una carta a los demócratas del Congreso, el Inspector General Michael E. Horowitz dijo que una revisión interna había señalado el programa de Unidades de Investigación Sensibles de la DEA como “un área de alto riesgo”. Su oficina, escribió, examinaría la gestión de la agencia de drogas. programa y si existen controles internos para garantizar que “las operaciones, la información y el personal de la DEA estén protegidos contra el riesgo”.
Bajo el programa, la DEA examina y entrena a equipos de agentes de la policía federal mexicana, conocidos como SIU, que llevan a cabo operaciones dirigidas por la DEA en México. El año pasado, ProPublica y National Geographic informaron que al menos dos de esas operaciones se vieron comprometidas y desencadenaron espantos mortales de violencia, incluida una que ocurrió a menos de una hora en automóvil de la frontera mexicana con Texas
Un reportaje publicado en junio de 2017 reveló que el ataque de 2011 en Allende, Coahuila se desató después de que la información confidencial obtenida durante una operación de la DEA terminó en manos de los líderes del cártel, quienes ordenaron una ola de represalias contra sospechosos traidores.
Una segunda investigación en diciembre sacó a la luz que el ataque de un cártel de la droga en un hotel de Monterrey en 2010 se derivó de esta misma sutiación. El grupo criminal descubrió que también estaba relacionado con una operación de vigilancia de la DEA. Cuatro huéspedes y un empleado del hotel, que no estaban involucrados en el tráfico de drogas, fueron desaparecidos.
Con información de Pro Publica
