Por presuntos actos de corrupción, opacidad, desvío de recursos y maltrato a los trabajadores en la LXIII Legislatura del Estado, la directora de Recursos Materiales, Concepción Salazar Velásquez podría ser destituida del cargo, luego de no poder comprobar gastos hasta por 4 millones de pesos de compras que hizo sin licitar y de pintura que jamás ocuparon para pintar el edificio del congreso local.
De acuerdo a denuncias de los trabajadores de base y de documentos en poder de esta columnista, la servidora pública, quien es protegida de la presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), María de las Nieves García Fernández, quien la sostiene en el cargo a toda costa a pesar de las múltiples irregularidades financieras detectadas, solicitan que se le practique una auditoria para que Salazar Velásquez compruebe los dineros públicos.
Vamos por partes.
De entrada, el director de Servicios Generales, Andrés García, quien es posición del diputado Manolo León Sánchez, se ha negado a firmar la documentación financiera que amparan supuestas compras hasta por 4 millones de pesos, porque carecen del soporte como son las licitaciones que jamás realizó, así como también a autorizarle sus cuadros de proveedores que la servidora pública le ha llevado.
Por indicaciones del propio Manolo León, quien le ordenó al Director de Servicios Generales no firmar ninguna documentación financiera, puesto que no se sabe de quién es el “negocio” y con la llegada de la nueva administración de la LXIV Legislatura, donde el partido Morena tiene la mayoría y revisarán hasta por debajo de las piedras, no quieren tener problemas y están tratando de solventar todo.
Lo más grave es que Concepción Salazar no anexa a la factura, las compras licitadas de los botes de pintura, trabajo que tampoco se hizo al edificio del congreso local, es decir, no pintaron ni la fachada del edificio legislativo, mucho menos los 42 cubículos de las y los imberbes diputados.
La compra del tablero electrónico que se instaló en el recinto parlamentario, no se sabe cuánto realmente costó, porque no hubo licitación pública para realizar la compra, ignorando los ordenamientos establecidos en la Ley de Adquisiciones y para que los diputados y diputadas operen dicho tablero, se compraron 42 tablets, donde los representantes populares emiten sus resoluciones (votos, asistencia, etc) pero tampoco se registró ninguna licitación.
¡Qué tal!
De igual forma, en el expediente de compra con relación a la Instalación del Sistema de Vigilancia y Votación Electrónica, tampoco hayclaridad en las supuestas licitaciones ni de las 42 tablets de las y los legisladores, por ello la Tesorería del Congreso del Estado a cargo de Eduardo Javier Aldana González, de acuerdo al oficio de fecha 10 de septiembre de 2018, con número HCEO/LXIII/TES/211/208 y expediente número RM/LXIII/0117/2918, le solicita solventar lo siguiente:
1.- Las facturas no indican la descripción, número de serie, cantidad y precio unitario de los bienes y/o servicios adquiridos, acorde a la propuesta económica de la licitación pública PLEO/002/2018, por ello le piden solicitar y presentar la refacturación en la cual se detalle los bienes y servicios suministrados, precios unitarios y números de serie en su caso, que permita acreditar la propiedad de los bienes adquiridos por el congreso local.
2.- Jurídicamente, el contrato celebrado con el proveedor no especifica los bienes y servicios a contratar, y deberá solicitar al proveedor la inclusión del anexo 1 al que refiere el contrato en sui cláusula primera, en el que se especifique de manera detallada la totalidad de los bienes y servicios contratados, costos unitarios y números de serie en su caso.
3.-No anexan copia de los resguardos de los bienes adquiridos y le solicitan remitir copia de dichos resguardos a la Tesorería, lo cual servirá para complemento de los expedientes contables y conjuntamente con el comprobante fiscal, contabilizar en el activo los bienes adquiridos.
Derivado de lo anterior, la Tesorería observó que Concepción Salazar Velásquez no tiene acreditada la propiedad de los bienes adquiridos, ni los resguardos correspondientes, motivo por el cual, no es posible finiquitar dicha adquisición, toda vez que implicaría un daño patrimonial al H. Congreso del Estado.
Todo ello sustentado en los artículos 53 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca; y el artículo 71 de la misma Ley.
En otro oficio de la Tesorería de fecha 10 de septiembre de 2018, con número HCEO/LXIII/TES/DC/2018, en seguimiento al expediente RM/LXIII/0116/2018 con relación a los “Trabajos de Pintura”, en un área de 11,800 metros cuadrados, presenta las siguientes inconsistencias:
1.- La cláusula primera del contrato de prestación de servicios celebrada con el proveedor, no proporciona información específica en cuanto a los precios unitarios para el suministro del servicio, asimismo indica un área de trabajo de 1800 metros cuadrados, distinta a las que especifican en el concepto de licitación pública, propuesta económica, la cotización número 2018/2404-03 y facturación anexas y tampoco proporciona información específica en cuanto a los precios unitarios para el suministro del servicio.
En el rubro de solventación, le solicitan presentar un contrato por la prestación de servicios corregido, que en su cláusula primera indique de manera pormenorizada los precios unitarios, el área de trabajo a ejecutar, de tal manera que sea coincidente la información contratada con la ejecutada.
2.- El concepto de los comprobantes fiscales con folios D-52 y D-71, no corresponde con el especificado en la cláusula tercera del contrato de prestación de servicios, por tanto, se observa que es necesario corregir las inconsistencias en la información enviada a la Tesorería, para la correcta integración del expediente contable del servicio proporcionado al congreso local.
Un tercer oficio de fecha 11 de septiembre de la Tesorería con número HCEO/LXIII/TES/DC/214/2018 referente al expediente RM/LXIII/0119/2018 los “Trabajos de Impermeabilización en el Recinto Legislativo, también le detectaron las siguientes inconsistencias:
1.-No presenta evidencia de haber efectuado el procedimiento de licitación y/o acuerdo administrativo de excepción a la licitación y le piden presentar evidencia de haber realizado el procedimiento de licitación (Invitación abierta estatal) de acuerdo a la normativa, según Artículo 87 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca, para el ejercicio fiscal 2018.
2.-No presenta contrato formalizado con el prestador de servicio y le solicitan exhibir copia del contrato debidamente formalizado, que determine el detalle pormenorizado de los trabajos realizados, precios unitarios, área total y tiempos de trabajo ejecutados, de acuerdo a la normativa y a los conceptos detallados en la factura.
Y en un cuarto oficio de fecha 11 de septiembre de 2018, con número CEO/LXIII/TES/DC/215/2018, del expediente RM/LXIII/0118 con relación a la “Reparación, Sustitución y Actualización de los Elementos Sistema de Conferencia Digital” del Recinto Legislativo, le solicitan lo siguiente:
1.-Las facturas no indican el número de serie y la marca de los equipos adquiridos, datos que resultan indispensables para acreditar la propiedad de los bienes, por tanto, le solicitan la refacturación en la cual se detallen las marcas de los equipos adquiridos, así como los números de serie que permitan acreditar la propiedad de los bienes adquiridos por el H. Congreso del Estado.
2.- El contrato presentado a la Tesorería no se encuentra completo, y le piden solicitar al proveedor la inclusión del anexo a que se refiere el segundo párrafo de la cláusula primera del contrato en la que se detallen las características y especificaciones de la totalidad de los bienes adquiridos, precios unitarios y números de serie, en su caso.
3.- No anexan copia de los resguardos de los bienes adquiridos, y le solicitan remitir copia de los resguardos de los equipos adquiridos a la Tesorería, para evitar un posible daño patrimonial, lo cual además servirá para complemento de los expedientes contables y conjuntamente con el comprobante fiscal, contabilizar en el activo los bienes adquiridos.
Como verán las irregularidades financieras son muchas y variables por parte de la funcionaria legislativa, Concepción Salazar Velásquez, quien también firma como Licenciada en todos los oficios públicos y no cuenta con título ni cédula profesional, lo que también es violatorio de la ley.
Las preguntas: ¿Acaso María de las Nieves García Fernández no está enterada de todas estas irregularidades financieras, si en los oficios de la Tesoreríale remiten copia?…¿Por qué protege a Concepción Salazar Velásquez?…¿De quién es el negocio?
Creo, sinceramente, que siendo la presidenta de la Jucopo y la responsable de la LXIII Legislatura del Estado, la diputada Nieves García Fernández tiene mucho qué explicar sobre estas anomalías financieras, antes de que la salpiquen de lodo.
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