La legalización del consumo de mariguana con fines recreativos en Uruguay disminuyó la percepción de riesgo en la población. Es un efecto indeseado que provoca el incremento de usuarios. Aunque las autoridades preveían que eso pasaría, reconocen la necesidad de emprender ya una campaña de información y promover el diálogo desde las familias, afirmó Jorge Basso, ministro de Salud del país sudamericano.
En julio de 2017 entró en vigor la ley que también autoriza el uso de la cannabis con fines terapéuticos en ese país sudamericano. Esto permitió el registro de medicamentos elaborados con la planta. Antes, alrededor de cien pacientes con epilepsia de difícil control adquirían suplementos alimentarios en el extranjero.
El ordenamiento faculta al Estado para controlar el cultivo, empaquetado y venta de la hierba en las farmacias, con lo que de nuevo Uruguay se colocó a la vanguardia en temas de impacto social, y en específico de salud, aunque en apariencia de manera contradictoria, pues también se ha distinguido en el continente por su política para el control del tabaquismo. En entrevista, Basso resaltó que el tabaco es el único producto que mata a sus consumidores. La industria tabacalera gana dinero de esa manera y en términos de la salud de las personas, no es posible llegar a acuerdos, dijo al referirse a la medida autorizada hace unos meses para que los empaques de los cigarros sean de tipo genérico, sin marcas, colores ni nada que los distinga ni los haga atractivos para las personas, sobre todo los jóvenes.
A partir de febrero de 2019, las empresas deberán cumplir con esta nueva disposición que mantiene a Uruguay entre los líderes en el cumplimiento del Convenio Marco promovido por la Organización Mundial de la Salud para controlar el tabaquismo.
Desde 2006, en Uruguay, con 3.4 millones de habitantes, funciona un sistema de salud integrado, con un organismo rector y una gama de prestadores de servicios públicos y privados, a los que se paga con recursos de un fondo único. Éste, a su vez, se financia con aportaciones de trabajadores, empresas y el gobierno. Para el cálculo del pago de los servicios se toma en cuenta el buen desempeño de los prestadores mediante el cumplimiento de metas, explicó Basso.
El funcionario participó la semana anterior en el primer foro Cuidados paliativos, fortaleciendo el sistema sociosanitario, efectuado en Lima, Perú. Ahí comentó sobre la legalización de la mariguana, entre cuyos propósitos está disminuir la violencia generada por el tráfico ilícito del enervante y los conflictos entre grupos criminales.
El ministro destacó que el fenómeno de la violencia es complejo y multifactorial. El acceso a la mariguana con fines recreativos apenas está en periodo de instrumentación. Reconoció que el país todavía está lejos de atender la demanda. Se han inscrito en el registro de usuarios –requisito indispensable para tener acceso a las dosis– alrededor de 30 mil personas, que hacen largas filas en las farmacias autorizadas para la venta. El problema es que la producción todavía es insuficiente.
Basso comentó que en cualquier proceso de esta complejidad se asume que su aplicación tomará tiempo. De por sí regular fue todo un desafío y garantizar el cumplimiento de los controles previstos en la ley, sigue siendo un desafío. No obstante, puntualizó, el marco regulatorio permite controlar una realidad, en la cual la prohibición (del uso de la mariguana) no dio resultados. Generó más problemas que beneficios, apuntó.
Sobre la baja percepción del riesgo entre las personas, el funcionario reconoció que se debe trabajar de forma intensiva, por conducto de los medios de comunicación para promover el diálogo y advertir sobre los riesgos del consumo de la cannabis. Las personas deben saber que se trata de una droga y es dañina para la salud, sostuvo.
