CDMX.- Una lista de 337 cargos a los que se les debe seguir la pista para efectos de “lavado” de dinero o financiamiento al terrorismo entregó la administración saliente al gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Se trata de las personas políticamente expuestas nacionales de la administración pública federal, que para efectos del combate de “lavado” de activos deben tener las instituciones financieras para reportar a la Unidad Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) cualquier operación sospechosa.
De acuerdo con la lista, entre los cargos políticamente expuestos se encuentran desde el Presidente de la República, secretarios de Estado, el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal, subsecretarios, subprocuradores de la PGR, Oficiales Mayores, jefes o coordinadores generales de Unidadhasta directores generales o sus homólogos.
También los representantes en el extranjero de la PGR y de las dependencias de la Administración Pública Federal.
Además, se incluye los puestos ocupados en la administración pública paraestatal como los titulares, servidores públicos de segundo y tercer nivel de conformidad con su estructura, liquidadores, representantes en el extranjero de dichas entidades, así como los miembros propietarios de las juntas de gobierno o directiva, Consejos de Administración o Comités Técnicos, u órganos equivalentes, según corresponda.
Se pone de manifiesto que los cargos que deben considerarse como personas políticamente expuestas nacionales son de manera enunciativa más no limitativa.
De acuerdo con las reglas, si bien las entidades financieras deben checar la lista y actualizarla con los nombres de los funcionarios del nuevo gobierno, no se les debe perder la pista a los expresidentes, exsecretarios y demás que se incluyen.
Los bancos y otras entidades financieras como las sociedades financieras de objeto limitado, sociedades financieras de objeto múltiple, casas de cambio, centros cambiarios y transmisores de dinero están obligados a checar la lista.
También las entidades de ahorro y crédito popular, almacenes generales de depósito, arrendadoras financieras, empresas de factoraje financiero, casas de bolsa, sociedades de inversión, administradoras de fondos para el retiro, instituciones y sociedades mutualistas de seguros, instituciones de fianzas y uniones de crédito.
De igual manera, las que realizan actividades vulnerables como casinos, distribuidores de autos, empresas de blindaje, joyerías, notarios agentes aduanales, inmobiliarias, y otras sujetas a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
De acuerdo con la SHCP, la UIF contribuyó en el cumplimiento del objetivo número cinco del Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2013-2018 (Pronafide), al proteger el sistema financiero mexicano, a través de medidas de detección y prevención, de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.
REPORTE
Entre 2014-2017, la UIF presentó 421 denuncias ante la PGR por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La UIF de la SHCP recibió 18 millones de reportes de operaciones del sector financiero, y 3.1 millones de avisos de operaciones del sector no financiero.
