La Auditoría Superior del Estado (ASE) reveló que 95 entidades públicas incurrieron en prácticas irregulares al contratar a proveedores fuera del Padrón Estatal, a quienes pagaron durante 2017 un total de mil 599 millones 318 mil 876 pesos, aunque la ley lo prohíbe.
“La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila establece en su Artículo 22, párrafo tercero, que en toda adquisición o contratación de los servicios definidos en esta Ley, que se realice en total o en parte con fondos estatales, las dependencias, entidades y municipios solo podrán aceptar proposiciones y celebrar contratos con las personas físicas y morales inscritas en el Padrón cuyo Certificado de Aptitud esté vigente en la fecha de presentación y apertura de las proposiciones”, señala la ASE en su Informe Anual de Resultados 2017.
El Tomo 5, “Prácticas deficientes y reincidentes de los entes auditados”, de la Auditoría de Cumplimiento señala que los municipios fueron los que más realizaron contratos fuera de ley, por un monto de mil 91 millones 792 mil 192 pesos.
Y es que de los 38 municipios de Coahuila, 37 pagaron en dicho ejercicio fiscal montos a personas físicas y morales que no estaban inscritos en el Padrón de Proveedores.
Los casos más graves fueron Monclova (de Gerardo García), con 115 millones 831 mil 547 pesos; Ramos Arizpe (de Ricardo Aguirre), 90 millones 489 mil 461 pesos; y Saltillo (de Isidro López), 79 millones 625 mil 34 pesos.
DIF estatal sumó 178 mdp
De igual forma, 28 entidades autónomas y descentralizadas –aún en la administración anterior– sumaron 362 millones 762 mil 65 pesos, destacando el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Coahuila: 178 millones 788 mil 466 pesos, y la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC): 78 millones 312 mil 154 pesos.
Por su parte, cuatro DIF municipales alcanzaron la cifra de tres millones 432 mil 235 pesos, acaparando el de Saltillo el 51 por ciento de los recursos (un millón 751 mil 113 pesos).
También fueron detectados 18 sistemas municipales de aguas, con un total de 104 millones 487 mil 182 pesos, entre los cuales la Compañía de Aguas de Ramos Arizpe (Compara) muestra la cantidad más alta: 21 millones 415 mil 675 pesos.
El único poder que aparece en este rubro es el Judicial, ya encabezado por Miriam Cárdenas, con 31 millones 213 mil 265 pesos.
Y además hay ocho organismos descentralizados municipales que acumulan cinco millones 631 mil 337 pesos en pagos irregulares a proveedores; el Instituto Municipal de Cultura de Saltillo alcanza por sí solo dos millones 892 mil 766.
De acuerdo con el Artículo 48 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila, los contratos que dependencias y entidades efectúen con proveedores fuera del Padrón Estatal serán “nulos de pleno derecho”.
“Los actos, convenios, pedidos, contratos y negocios jurídicos relativos a los regulados por esta Ley, que celebren las Dependencias y Entidades en contravención a lo dispuesto por ella y las disposiciones que de ella se deriven serán nulos de pleno derecho.
“La Unidad, la Secretaría, las dependencias y entidades, así como el Órgano de Control en su caso, harán valer la nulidad y procederán, en su caso, a exigir la restitución de lo pagado y a la devolución de los bienes adquiridos o arrendados…”, señala el artículo.
La Auditoría Superior del Estado (ASE) reveló que 95 entidades públicas incurrieron en prácticas irregulares al contratar a proveedores fuera del Padrón Estatal, a quienes pagaron durante 2017 más de mil 599 millones de pesos, aunque la ley referida lo prohíbe.
“La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila establece en su artículo 22, párrafo tercero, que en toda adquisición o contratación de los servicios definidos en esta Ley, que se realicen en total o en parte con fondos estatales, las dependencias, entidades y municipios solo podrán aceptar proposiciones y celebrar contratos con las personas físicas y morales inscritas en el Padrón cuyo Certificado de Aptitud esté vigente en la fecha de presentación y apertura de las proposiciones”, señala la ASE en su Informe Anual de Resultados 2017.señala el artículo:
La Unidad, la Secretaría, las dependencias y entidades, así como el Órgano de Control en su caso, harán valer la nulidad y procederán, en su caso, a exigir la restitución de lo pagado y a la devolución de los bienes adquiridos o arrendados.
