Aunque ya se vio que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador no dará marcha atrás en su propuesta de quitar los recursos a las estancias infantiles que dependían de la anterior Secretaría de Desarrollo Social, hoy Secretaría de Bienestar y ofertarles directamente los 1,600 pesos bimestrales a las madres trabajadoras, la medida ha derivado en una crisis grave porque madres y padres trabajadores no cuentan con los recursos suficientes para pagar otras instituciones educativas.
Al menos en Oaxaca suman 30 estancias infantiles de 240 que operan todavía y que atienden a más de 7 mil infantes que hoy están a la deriva, las que han cerrado sus puertas por falta de presupuesto y están en vísperas de desaparecer unas 90 instituciones de este tipo más en la entidad, lo que sumaría prácticamente el 50% del total que aún subsisten.
Y el problema en el caso de la entidad oaxaqueña proviene desde octubre del 2018, cuando trabajadoras de estancias infantiles protestaron frente a las oficinas de la entonces Sedesol para exigir el subsidio de 35 a 40 mil pesos mensuales que recibían para el mantenimiento de dichas instituciones y la dependencia federal no les había cumplido.
Incluso, el entonces titular de Desarrollo Social, Eviel Pérez Magaña en una de sus giras a la capital oaxaqueña el 18 de octubre para ser exactos, presumió de la inversión de 80 mil 544 millones de pesos que el Presidente Enrique Peña Nieto aplicó a programas de desarrollo social y les adeudaban el subsidio a las instancias infantiles de Oaxaca.
Si bien es cierto que los argumentos del Presidente de la República para hacer cambios en las operaciones de estas instituciones se debe en gran medida a la “corrupción” que en ellas prevalecía, según las revisiones que arrojó la Auditoria Superior de la Federación, que reveló que fueron detectadas más de 300 estancias incorporadas al Programa de Estancias Infantiles las cuales no fueron debidamente acreditadas por la Sedesol, las niñas y niños no tienen la culpa.
Son cuatro los ex titulares de la Sedesol que tuvieron la alta responsabilidad de ejecutar los recursos económicos para el funcionamiento de las estancias infantiles, Rosario Robles Berlanga, José Antonio Meade Kuribreña, Luis Enrique Miranda Nava y el oaxaqueño Eviel Pérez Magaña, de quienes López Obrador solo ha dicho que los casos de corrupción en la hoy Secretaría de Bienestar, los llevará a la Fiscalía General de la República.
La Sedesol era cabeza de sector y encargada de transferir los recursos a dicho programa de estancias infantiles, por tanto debe darse una revisión puntual de cómo fueron manejados los dineros destinados a esas instituciones.
Ahora dice AMLO que tiene un millón 500 mil casos de prueba de gente a la que supuestamente le daban apoyos para el programa de Estancias Infantiles y de otros más pero nunca les llegaba el dinero de parte de la Secretaría de Desarrollo Social. Por ello, añadió, presentará esos documentos a la opinión pública y a la Fiscalía General de la República (FGR), aunque el Primer Mandatario no dio fecha.
Mientras son peras o son manzanas y en lo que averiguan, miles de niños y niñas cuyos padres viven en condiciones precarias, muchas se dedican a elaborar tortillas o vender gelatinas, se quedaron sin el beneficio de que sus hijos reciban el servicio del programa de estancias infantiles.
De verdad, la medida es criminal, hasta discriminatoria y no fue bien analizada. Esa curva de aprendizaje de los nuevos funcionarios federales que no saben qué hacer, le está costando carísimo al país.
La irritación social que ha provocado esta medida del Gobierno Federal ha llevado al extremo hasta de sacar de sus casillas al propio López Obrador, como ocurrió en Sinaloa en su gira de trabajo, donde un grupo de mujeres de estancias infantiles de esa entidad norteña, pedían hablar con él sobre el grave tema y el Presidente esta vez no quiso atenderlas: “Ya, ya, ya hablé de eso…van a seguir pero se les va a dar directo”, soltó molesto ante los gritos de las afectadas y se escabulló entre la muchedumbre.
Ahora bien.
Dentro de las irregularidades detectadas en el programa según la ASF, detalla que la Sedesol no atendió a su población objetivo; no acreditó la debida capacitación a más de 20 mil responsables de estancias; y tampoco acreditó que 659 estancias (siete por ciento del total) contaran con el documento que formaliza la entrega de subsidios.
Como resultado de la Auditoría de Desempeño 2017-0-20100-07-0265-2018 aplicada al programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, adscrito a la Sedesol, la ASF emitió una serie de observaciones en cuatro rubros: afiliación, capacitación a responsables de las estancias, otorgamiento de subsidios y reglas de operación.
Entre los principales hallazgos de la Auditoría destaca que la Sedesol otorgó subsidios a nueve mil 399 estancias infantiles en 2017, aunque no acreditó que los responsables de las estancias hubieran cumplido los criterios y requisitos establecidos en las reglas de operación del programa.
Tampoco acreditó el Convenio de Concertación de 659 estancias, es decir, el siete por ciento de las nueve mil 399 que operaron y debieron suscribirlo. Cabe señalar que el Convenio de Concertación es el instrumento mediante el cual se formaliza la entrega de los subsidios.
Además de que se detectó la falta de acreditación de 319 estancias en 2017 por parte de Sedesol; falta de acreditación en capacitación básica, inicial y complementaria de responsables de estancias.
Y debido a estas irregularidades se ha cambiado el modelo de ayuda del Programa de Estancias Infantiles.
Entre las modificaciones destacan: la entrega del subsidio directamente a padres de familia, priorizar a grupos vulnerables, además de que las niñas y los niños que ya están registrados en el padrón, seguirán recibiendo el apoyo, aunque tengan más de 3 años.
La nueva estrategia contempla que las Estancias Infantiles que actualmente siguen operando, mantengan sus estándares de seguridad. Además, se trabaja en la simplificación de trámites y en la creación de un nuevo sistema administrativo acorde con la política de austeridad, de tal manera que serán reducidos los gastos excesivos de funcionamiento sin afectar la atención a niñas y niños.
Y sobre este escabroso tema, la coordinadora de Derechos Humanos del Gobierno de Oaxaca, Norma Reyes Terán opinó lo siguiente:
A propósito de las estancias infantiles:
Eliminar la corrupción, los casos de abuso sexual infantil (que no son pocos) y las muertes de niñas y niños que han ocurrido en las estancias infantiles y otros espacios similares, es un asunto grave que no se debe minimizar u ocultar.
Sin embargo, la propuesta de transferir recursos a la unidad familiar es una medida conservadora y clientelar que en nada contribuye a reducir la brecha de desigualdad de las mujeres ni a garantizar los derechos de niñas y niños, menos abona a nuestra raquítica democracia.
Las mujeres merecemos y debemos exigir, porque tenemos la razón, porque es un asunto de justicia, de reconocimiento, de redistribución económica y de uso del tiempo, que el Estado Mexicano cree un “Programa Nacional de Infraestructura Social del Cuidado” basado en un enfoque de derechos de NNA y desde una perspectiva feminista.
El costo del programa debe ser una mezcla de recursos públicos y privados y la corresponsabilidad de padres y madres. El presupuesto y las reglas de operación deberán quedar reflejados en el PEF 2020.
El desafío es cómo y quiénes colocamos esta exigencia en la agenda política nacional (no en la agenda de las mujeres), no parece haber respuesta, mi percepción es que las voces críticas de antes (no todas pero si la mayoría) ahora están ocultas por alguna razón.
NOTA. No puedo entender y me parece criminal, aquellas voces que dicen que en las iglesias violan a niños y niñas y no por eso hay que cerrarlas.
Así cierra su opinión la funcionaria pública del Gobierno de Oaxaca que encierra, por supuesto, una gran verdad por muy cruda que parezca, pero además cientos de madres trabajadoras se quedan en la indefensión.
Por tanto, el Presidente Andrés Manuel López Obrador debería hacer un alto en esta decisión, castigar a las y los responsables del saqueo al programa de estancias infantiles, porque sí los hay, meter candados para la correcta aplicación de los dineros públicos y no afectar a quienes nada tienen que ver en el tema de la corrupción.
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