Ciudad de México.- La Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma constitucional sobre consulta popular y revocación de mandato del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.
Con tres priistas y nueve ex perredistas que ahora apoyan a Morena, el bloque mayoritario logró la mayoría calificada –de 323 votos– que se necesita para la aprobación de reformas a la Constitución.
El resultado fue de 328 votos a favor, 153 en contra y 2 abstenciones, de José Ángel Pérez y José Sosa, del PES.
Los diputados de Coahuila, Fernando de las Fuentes, Martha Garay y el ex Gobernador Rubén Moreira, son los priistas que votaron con Morena.
Ahora se discuten los artículos reservados en la Cámara de Diputados.
El dictamen establece el requisito para pedir una consulta popular por parte de los ciudadanos.
Se reduce de 2 al 1 por ciento de la Lista Nominal de Electores, que actualmente es de 87.19 millones de personas, por lo que pasaría de 1.7 millones a sólo 871 mil solicitantes.
También disminuye el umbral de participación para que la consulta sea vinculatoria, del 40 al 34 por ciento de la lista nominal, por lo que bajaría de 34.8 millones de personas a 29.6 millones.
Además, con la reforma se incorpora la figura de revocación de mandato.
“El proceso de revocación del mandato del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos tiene por objeto que la ciudadanía decida la permanencia del titular del Poder Ejecutivo de la Unión”, cita la redacción del artículo 83 de la Constitución.
El dictamen indica que la revocación de mandato podrá ser convocada por el Congreso de la Unión a petición del propio Presidente de la República, por el equivalente al 33 por ciento de los integrantes de cualquiera de las Cámaras, y por los ciudadanos, con al menos el 3 por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores.
De acuerdo con el actual listado nominal, cerca de 2.6 millones de personas tendrían que pedir la revocación de mandato.
La reforma al artículo 35 constitucional señala que el proceso de revocación de mandato se podrá solicitar durante el primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de la Legislatura, es decir, en el lapso septiembre-diciembre de 2019, cuando Andrés Manuel López Obrador apenas esté cumpliendo un año de Gobierno.
La votación se realizará el mismo día de la jornada electoral en que se eligen diputados federales, lo que sería hasta junio de 2021.
“La revocación del mandato será vinculante por mayoría absoluta de los votos depositados en las urnas, siempre que concurra votar al menos el 40 por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores”, dice la reforma.
De acuerdo con esta redacción, tendrían que participar al menos 34.8 millones de ciudadanos, de lo contrario no sería válido el ejercicio de revocación de mandato, y sólo podría ser vinculante, con el resultado a favor o en contra, con más de 17.4 millones de votos.
La reforma precisa que el Instituto Nacional Electoral estaría a cargo en forma directa de la organización y desarrollo de la votación y los cómputos parciales.
El Tribunal Electoral hará el recuento final de votos y la declaratoria sobre si procede la revocación de mandato.