Ciudad de México.- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) por la difusión de un documental sobre populismo durante el pasado proceso electoral presidencial.
El funcionario explicó que se trata de una denuncia de hechos contra empresas y ex funcionarios públicos que habrían financiado ilegalmente el documental El populismo en América Latina, que incluyó un capítulo dedicado al entonces candidato Andrés Manuel López Obrador.
Afuera de la Fepade, de la que fue titular, Nieto advirtió que la propia Sala Superior del Tribunal Electoral había ordenado al INE indagar el origen de los recursos con que fue financiado el documental.
“Es una denuncia de hechos sobre lo que nosotros consideramos que podría ser constitutivo de una conducta delictiva en materia electoral relacionada con ‘El populismo en América’, un documental que se presenta durante el proceso electoral 2017-2018 violando las características de la normatividad electoral”, dijo en entrevista con medios.
Nieto detalló que la normatividad electoral prohíbe a los candidatos y partidos recibir aportaciones en dinero o en especie tanto de empresas como de Gobiernos.
Refirió que en la UIF detectó un esquema de triangulación de recursos en la que participaron, incluso, funcionarios públicos.
“El planteamiento es así: hemos visto ciertas triangulaciones, incluso ciertas vinculaciones en el ámbito de actividades de carácter gubernamental, Secretarías de Estado, coordinaciones de la anterior Administración, a nivel federal y local, y creemos que esto es incompatible con el sistema democrático”, describió.
El ex Fiscal electoral defendió la difusión de la identidad de los señalados.
Aseguró que no se violó el principio de presunción de inocencia porque éste comienza cuando se abre la carpeta de investigación en la Fepade, lo que ocurrió hoy.
“Por supuesto que creemos en la presunción de inocencia, es una base fundamental del sistema jurídico mexicano y constitucional, pero la parte más relevante es que también existe un derecho de acceso a la información pública, un derecho a la libertad de expresión, y en el caso de sujetos, de personas políticamente expuestas, es factible que pueda cederse en algunas ocasiones el derecho al honor, a la intimidad, a la vida privada, cuando existe un bien jurídico superior por encima.
“Y eso es evidentemente temas vinculados con la seguridad y el sistema financiero, en razón de que estamos hablando de que el delito de financiamiento ilícito a las campañas electorales afecta a la democracia y es un delito comparable al lavado de dinero”, expuso.
