Comunidades de los Valles Centrales de Oaxaca, donde se han otorgado permisos para la explotación minera, exigieron desde el atrio de Santo Domingo de Guzmán, al Presidente de la República, Andrés Manuel Lopez Obrador, cumplir su palabra y respetar la determinación de los pueblos.
Mencionaron que el Presidente está obligado a respetar los tratados internacionales, ratificados por el Estado Mexicano, donde se establecen el respeto a los derechos del territorio, a la libre determinación y autonomía y el derecho al consentimiento de las autoridades.
Afirmaron que una muestra del respeto a los pueblos por parte del Gobierno Federal, tendría que ser la cancelación de las concesiones mineras, entregadas sin el consentimiento de las comunidades; además de cumplir la palabra “empeñada” por el Presidente de la República en su toma de protesta que fue “primero los pobres”.
Explicaron que el Frente “No a la Minería por un Futuro de Todas y Todos” integrado por 16 comunidades de Ocotlán, Ejutla y Tlacolula, está en contra de las monerías, donde resaltan que 90 mil hectáreas de sus territorios han sido concesionados a la misma empresa que opera en San José, “Fortuna Silver Mines”.
Entre las afectaciones que enlistaron dijeron que se encuentran daño al tejido social, con cuatro asesinatos, de los cuales dos fueron defensores comunitarios, de San José del Progreso; conflictos políticos; un derrame de la presa de jalea hacia el río Coyote, en Magdalena Ocotlán; entre otros daños al medio ambiente.
Puntualizaron que como pueblos, en defensa de su territorio y recursos naturales, exigen la cancelación inmediata y definitiva de las concesiones mineras impuestas; cancelación del proyecto minero San José; generar mecanismos para la reparación integral del daño a personas afectadas por la instalación y operación de la empresa minera en San José del Progreso; investigación imparcial y exhaustiva de responsabilidad penal y administrativa de la contaminación del Río Coyote provocado por la empresa minera Cuzcatlán.
Piden además, se ordene la creación de una comisión independiente para una auditoría ambiental, social y de derechos humanos al proyecto minero “San José”; se respete la determinación de las comunidades zapotecas que han declarado sus territorios prohibidos para proyectos mineros y el replanteamiento del modelo económico basado en el fortalecimiento de sus pueblos y comunidades.
