Dionicio de la Cruz Méndez, desterrado al igual que más integrantes de su familia el 28 de octubre del 2014 de la comunidad de Santiago Progreso de San Juan Bautista Valle Nacional, denunció que hay omisión de autoridades estatales por aplicarles justicia.
Al protestar frente a Palacio de Gobierno, señaló que instituciones como la Secretaría General de Gobierno (Segego) la Fiscalía General del Estado, y la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), lejos de apoyar a su familia que fue la desplazada, están protegiendo a quienes provocaron que se tuvieran que ir de su comunidad, dejando su hogar y sus bienes.
Recordó que el problema inició porque su mamá, Florencia Méndez, no quiso pagar a vocales, a cambio de recibir el apoyo del programa oportunidades, razón por la cual fue encarcelado su hermano por cuatro días, después les incrementaron la multa a 2 mil, luego a 20 mil, 50 mil y ahora resulta que deben hasta 100 mil pesos, además que la población los amenazó para que dejaran su casa.
Destacó que interpusieron un juicio que ganaron, se ordenó a las autoridades garantizar el retorno de las 9 personas desplazadas y esto no se ha cumplido, los están condicionando a pagar 100 mil pesos y retirar la denuncia que interpusieron para que puedan regresar a su pueblo.
Detalló que han pedido mesas de diálogo con autoridades y lo han atendido sin darle respuestas, incluso el Gobernador se comprometió ante el Presidente de la República en recibirlo ayer, pero lo dejó plantado, y era el último recurso que le quedaba.
Precisó que se ha cansado de humillarse, de llorar, y en próximos días realizará otro tipo de acciones, en redes sociales y mediante las vías posibles hasta que se le atienda y dé respuestas.
