El vergonzoso papel que juega la diputada morenista Magaly López García en la Presidencia de la Comisión de Derechos Humanos de la 64 Legislatura del Estado, denigra a las mujeres en Oaxaca, al estar sujeta y prácticamente sometida a la voluntad caprichosa de un dirigente, a quien en su momento responsabilizaron del conflicto político-social en el 2006, Flavio Sosa Villavicencio, quien pretende continuar manejando la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca y su presupuesto de 35 millones de pesos los siguientes siete años.
¡Es inadmisible!
Sin contar aún con el aval de todas y todos los diputados que integran el pleno legislativo en San Raymundo Jalpan, para sacar la terna compuesta por tres aspirantes vinculados a la “cofradía” de Flavio Sosa, como son César Mateos Benítez, Flor Estela Morales Hernández y José Bernardo Rodríguez Alamilla, la legisladora morenista Magaly López junto con Elisa Zepeda Lagunas, también del mismo grupo, incurren en tráfico de influencias, violentando flagrantemente la Ley Orgánica del Poder Legislativo en su artículo 31, fracción VI.
El referido Artículo establece que es una obligación de los diputados informar de los asuntos en los que tengan intereses o puedan obtener beneficios personales, y excusarse de participar en la promoción, gestión, recomendación y discusión de los mismos.
Ambas legisladoras quienes le rinden pleitesía al “gran gurú” y a quien se refieren como “Don Flavio”, fueron colocadas en la Comisión Permanente de Derechos Humanos del Congreso local, precisamente por su ignorancia en el tema de derechos humanos, porque ni una, ni otra sabe ni conocen los lineamientos y para qué sirven.
De verdad, es de pena ajena y por eso las mujeres no avanzan en temas como la igualdad, por diputadas como ellas que ni siquiera se preocupan por prepararse, por leer, por documentarse, solo obedecen a ciegas lo que su “gran gurú” les manda y ordena, solo chequen cómo están en el tema de equidad de género, no saben absolutamente nada.
La posición que hoy tiene Magaly López García estaba destinada para su esposo Gilberto López Jiménez, actual Director de Asuntos Jurídicos de la 64 Legislatura del Estado, pero por asunto de género, le dieron la candidatura a la esposa, solo que la diputada es de las más sumisas e ignorantes, junto con la presidenta de la Jucopo, Laura Estrada Mauro del Congreso local.
Por lo menos Gilberto López Jiménez, sí conoce y está preparado, porque tiene experiencia jurídica-política-electoral, debería preocparse en pagarles unos cursos a Magaly López, en lugar de llamarle la atención cada que la riega en el pleno legislativo, porque no sabe debatir, se ha dedicado solamente a leer en tribuna.
Hasta la priista Lilia Mendoza Cruz la ha puesto barrida y trapeada cada que aborda un tema en la tribuna y Magaly López se queda callada porque no sabe cómo contestar.
Hacemos referencia a este tema tan grave y preocupante de quien tiene la mayor responsabilidad en la designación de la terna para la DDHPO, como es la diputada Magaly López por el grado de desconocimiento que tiene sobre los derechos humanos y más aún que se ha dejado influenciar por el secretario técnico de la comisión, Razhy González, quien de entrada no debería estar en ese cargo puesto que mantiene una relación sentimental con una de las aspirantes, con Yesica Sánchez Maya y estaría incurriendo en un conflicto de interés.
Pero argumenta Magaly López que Razhy González está ahí porque fueron “instrucciones de Don Flavio”, claro y no puede contravenir las órdenes de su “gran gurú”, aunque se la lleve entre las patas con la violación al Artículo 58 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas que establece:
“Incurre en actuación bajo Conflicto de Interés el servidor público que intervenga por motivo de su empleo, cargo o comisión en cualquier forma, en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga Conflicto de Interés o impedimento legal”.
Por lo visto, el tráfico de influencias que ha caracterizado a la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), parece ser que continuará por los siguientes 7 años, y que en honor a la verdad, no sirve de nada, solo para enriquecer a unos cuantos con su presupuesto millonario de al menos 35 millones de pesos y las “negociaciones” tras bambalinas que realizan los directivos de la misma y defensores.
Basta saber que para la elección del nuevo o nueva titular de la Defensoría se registraron 11 mujeres y 31 hombres, entre ellos destacan personas vinculadas al caos en el que se encuentra la Defensoría y a múltiples conflictos sociales que ellos mismos han provocado en algunas comunidades, donde se han registrado hasta muertes de gente inocente.
Como aquella emboscada del 14 de mayo del 2011, en la carretera que conduce de Santo Domingo Latini a Santiago Choapam, en los Mixes que dejó como saldo 11 muertos y 27 heridos y en el que se vieron involucrados César Mateos Benítez de COMUNA y el priista Dámaso Nicolás Martínez Ramírez, ya en la administración de Gabino Cué Monteagudo.
En primer lugar, destacan aspirantes que se encuentran vinculados a la misma “cofradía” de poder que actualmente mantiene secuestrada a la Defensoría como César Mateos Benítez, Flor Estela Morales Hernández, Yesica Sánchez Maya, Juan Rodríguez Ramos, José Bernardo Rodríguez Alamilla y Samuel Alfonso Castellanos Piñón, quienes la han convertido en un organismo faccioso y mercenario, al servicio de amigos y camaradas de un grupo de personajes que se han servido de los Derechos Humanos.
Las personas que se señalan a continuación, mantienen una férrea alianza con Arturo Peimbert Calvo, actual Defensor de los Derechos Humanos; con el representante legal y coordinador de la Comisión de Justicia y Paz de la Arquidiócesis, sacerdote Wilfrido Mayrén Peláez, mejor conocido como el padre UVI, así como con Flavio Sosa Villavicencio, dirigente de COMUNA.
Y por su lado también está el obispo Arturo Lona Reyes tratando de imponer candidato, hasta presumió que se reunió con el Presidente Andrés Manuel López Obrador para pedirle que apoye su carta, a Juan Rodríguez Ramos para dirigir la DDHPO, solo que lo impugnaron.
La iglesia, participa activamente en las decisiones públicas, se les olvida que Don Benito Juárez nos heredó el Estado Laico.
Estos son las y los integrantes de la “cofradía” Sosa Villavicencio:
César Mateos Benítez, fue vocero de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), actualmente milita en la Organización COMUNA que dirigen Flavio Sosa Villavicencio y su hermano, el actual Diputado Horacio Sosa Villavicencio.
Flor Estela Morales Hernández, participó en la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), se dice que fue novia de Cesar Mateos Benítez y fungió como Secretaria Particular del actual defensor Arturo Peimbert Calvo; ambos son propuestas de Flavio Sosa Villavicencio y se comenta que uno de los dos será impuesto como próximo defensor o defensora de los derechos humanos del pueblo de Oaxaca.
Juan Rodríguez Ramos, actual visitador de la DDHPO, representa la continuidad del tráfico de influencias, desorden y práctica facciosa que caracteriza a la Defensoría; es acusado de negligencia y falta de compromiso institucional en la defensa de los derechos humanos de las víctimas del conflicto del 2006, información que se encuentra debidamente documentada por la Comisión de la Verdad.
José Bernardo Rodríguez Alamilla, ha sido integrante del Consejo Ciudadano de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca. Se comenta que es incondicional de Arturo Peimbert, su principal impulsor para ocupar la titularidad de la Defensoría.
Yesica Sánchez Maya, Directora de Consorcio para el Dialogo Parlamentario y la Equidad; en 2006 participó activamente en la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO). Es una de las beneficiadas de la Defensoría, ha colocado a sus amigas y amigos en puestos claves dentro del organismo. Recientemente, fue acusada por la Red de Mujeres Oaxaqueñas, de haber sido beneficiada con millonarios recursos a través del Instituto de la Mujer Oaxaqueña.
Samuel Alfonso Castellanos Piñón. Ha sido empleado en el Poder Judicial del Estado, abogado defensor de los presos acusados del asesinato de 26 campesinos de Agua Fría en 2002; Fiscal de trascendencia social en el Gobierno de Gabino Cué Monteagudo; asesor de diversas organizaciones sociales como CIPO.
LXI LEGISLATURA, los vínculos del grupo Sosa Villavicencio
Flavio Sosa Villavicencio: Diputado Secretario de la Comisión Permanente de Derechos Humanos.
Su asesor técnico fue Razhy Gonzaléz. Su asesor jurídico fue Gilberto López Jiménez, esposo de la hoy diputada morenista Magaly López García.
LXIV LEGISLATURA
Dip. Magaly López García, Presidenta de la Comisión Permanente de Derechos Humanos
Gilberto López Jiménez: Director Jurídico del Congreso del Estado y esposo de Magaly López.
Razhy González es el actual Secretario Técnico de la Comisión Permanente de Derechos Humanos.
Estas son las organizaciones beneficiadas por la DDHPO
Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio: Han recibido apoyo de Samuel Castellanos y Razhy Gonzalez.
Consorcio para el Dialogo Parlamentario: Encabezado por Yesica Sánchez Maya
Unión Cívica Democrática de Barrios Colonias y Comunidades (UCIDEBAC), encabezado por Librado Baños.
COMUNA Oaxaca: encabezado por Flavio Sosa
CODEDI. Apoyados por Consorcio para el Diálogo Parlamentario y Razhy González
FPR-APPO
Consejo Indígena Popular de Oaxaca Ricardo Flores Magón (CIPO-RFM): Tienen como asesor a Samuel Castellanos.
Coordinación de Comunidades Indígenas de la Sierra Sur (COCISS)
Unión de Trabajadores de la Educación (UTE)
Comité de víctimas por la justicia y la verdad 19 de junio (COVIC), asesorados por Arturo Peimbert Calvo.
Sol Rojo: Asesorados por Arturo Peimbert y Juan Rodríguez
Consejo de Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEP): Asesorados por Samuel Castellanos.
Frente a este panorama, lo menos que se puede pensar es que el proceso para elegir al ombudsman esta amañado, es una verdadera simulación y que finalmente el mismo grupo mantendría el poder de la DDHPO.
Esa es la verdadera “transformación de cuarta” (4T). ¡Pobre Oaxaca!
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