Arturo Peimbert Calvo, ex titular de la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) estuvo en funciones hasta este 8 de mayo, informó que la Corte Penal Internacional de La Haya, dio una respuesta favorable respecto a la denuncia que presentaron la semana pasada sobre hechos ocurridos entre 2006 y 2007, en donde se plantea que fueron cometidos delitos de lesa humanidad.
Expresó que en esa respuesta, la Corte Internacional afirma que el Comunicado (denuncia) cumple con los requisitos del estatuto de Roma, para ser sujeto de análisis, sin que ello signifique que esté abierta la información.
Señaló que al presentar la denuncia, donde acudió en calidad de Ombudsman, y donde también asistieron víctimas de la represión del 2006 y 2007 cuando fueron gobiernos Ulises Ruiz Ortiz en el Estado; Vicente Fox y Felipe Calderón a nivel nacional, presentaron una teoría donde se expresa que se identificó que en Oaxaca se inauguró un modelo de represión a la protesta social, que incluía factores de sofisticación, donde incluso se involucró al crimen organizado como parte de los mecanismos de represión a la protesta social.
“Todo esto se genera de manera sistematizada y generalizada y se podría estar repitiendo en otras partes del país como caso Nochixtlán, Ayotzinapa, Tlataya, Tanhuato y muchos casos más que tienen metido a este país en un problema grave. Y que el Estado, desde nuestra lógica, facilitó los medios para que se sistematizara y generalizara un nuevo modelo de represión a la protesta”, insistió.
Indicó que sería importante que el Estado Mexicano se pronuncie en favor porque se acelere el proceso de investigación en la Corte Internacional, pues la resolución de esta instancia es vinculatoria, tiene capacidades jurídicas y de sanción propia, entre ellas las físicas y penales.
Peimbert Calvo aseguró que la denuncia se presentó hasta este momento porque se tenían que agotar las instancias domésticas primero, y porque se consideró que se está en una etapa madura para hacer la presentación ante una corte penal internacional, además de que había también una coyuntura nacional de justicia tradicional que también es relevante en el tema y que podía ayudar a que se transmitiera esta responsabilidad a la nueva directriz de la propia DDHPO.
Finalmente, negó que existiera cualquier tipo de financiamiento por parte del Gobierno de Oaxaca o cualquier persona cercana a la familia Murat, pues no existió ningún mecanismo de apoyo económico, fue la defensoría la que pagó una parte de los costos, del que entregará un informe al respecto en próximas fechas, aun cuando ya no esté en funciones.
