Durante los primeros meses de Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, México ha transitado por iniciativas en materia de seguridad, tales como la creación de la Guardia Nacional y la posibilidad de que drogas como la cannabis sean legalizadas, esto con la finalidad de enfrentar los problemas de inseguridad y el narcotráfico.
No obstante, mientras que ninguna de las anteriores ha logrado ponerse en funcionamiento por parte de diputados y senadores del país, fenómenos como el incremento en homicidios, desaparecidos, agresiones a la prensa y balaceras en diversos estados del país se han instalado en los reportes oficiales y en el pesar de los ciudadanos afectados.
Catalina Pérez Correa, profesora investigadora de la División de Estudios Jurídicos del CIDE y experta en temas relacionados al sistema de justicia penal, a la política de drogas en América Latina y a la observancia de normas sociales y legales, indicó que algo que ha quedado claro durante los primeros meses de Gobierno de Andrés Manuel es que no se ha aplicado un cambio de estrategia en materia de seguridad, misma que se ha basado en realizar despliegues militares, como ocurrió, sin éxito, durante el Gobierno de Felipe Calderón: «No hay un cambio de estrategia, entonces no hay un cambio de resultados, eso es lo que lo hace preocupante».
Además, la doctora opinó en entrevista para EL DEBATE que legalizar las drogas, como lo ha planteado el Gobierno federal en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, no implica que se vaya a tener una disminución inmediata en la violencia, pero sí puede incidir en la inversión de recursos públicos para otros delitos.
De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública en México, los homicidios y el narcomenudeo son algunos de los delitos que han incrementado de enero a marzo del 2019 en comparación con el mismo periodo del 2018.
Según los datos oficiales, en 2019 se registraron 58 mil 134 delitos contra la vida y la integridad corporal. Los homicidios en total correspondieron a 11 mil 001: 7 mil 242 dolosos y 3 mil 759 culposos, durante el mismo periodo de tiempo.
La cifras son mayores a las registradas en 2018, que en total de delitos contra la vida y la integridad corporal registraron 56 mil 517.
En el caso de los homicidios, ocurrieron 10 mil 481: 6 mil 599 dolosos y 3 mil 882 culposos. Sobre el narcomenudeo, se mantiene el registro de 16 mil 751 delitos de enero a marzo del 2019; y para el 2018 se habrían registrado 14 mil 745, una cifra menor comparada con el presente año.
Recursos públicos
Vía telefónica desde el CIDE Aguascalientes, Catalina Pérez Correa, que también es integrante del Programa de Política de Drogas (PPD) del CIDE y coordinadora del Colectivo de Estudios Drogas y Derecho (CEDD), mencionó para EL DEBATE que el hecho de que distintos tipos de drogas, particularmente la cannabis, sean reguladas en México, no implica que vaya a existir un resultado inmediato sobre la violencia. Sin embargo, opinó que existen diversas razones para regular dichas sustancias.
Una de ellas es que el estado ocupa muchos de los recursos en tratar de combatir a los grupos que se dedican al tráfico de drogas y terminan siendo esfuerzos y recursos públicos que se destinan a detener y procesar a consumidores de droga o actores menores: «No es “regula la cannabis y disminuye la violencia”.
No, lo que sí puede haber es que se liberen recursos públicos que se puedan utilizar para combatir o investigar otro tipo de delitos», subrayó.
Asimismo, advirtió que los riesgos de legalizar las drogas en México es que para lograrlo se regule mal. Es importante —dijo— que se tenga el derecho a la salud en el centro de la intención y no los intereses de los empresarios o las transnacionales que ahora quieran invertir en el tema del desarrollo de productos de cannabis.
Leyes y transparencia
Sobre el tema de seguridad, lamentó que, a pesar de las discusiones que hubo en torno a la propuesta de la Guardia Nacional, el proyecto que tiene el Gobierno Federal consista en hacer de la Guardia Nacional una institución militar que reproduzca el despliegue de años anteriores: «Lo que sabemos que funciona para disminuir la violencia es construir instituciones de seguridad desde las comunidades, instituciones a nivel local, para que sean sustentables y que no dependan solamente del Gobierno federal. Muchas veces las intervenciones federales lo que hacen es que agravan el problema de la violencia», afirmó.
Pérez Correa destacó que existen pocos indicios de transparencia en las nuevas políticas públicas en materia de seguridad, donde ni la Guardia Nacional ni la Ley Nacional del uso de la Fuerza obligan, hasta hoy, a que el estado transparente a cuántas personas mata o hiere: «En la Ley Nacional del uso de la Fuerza, que se está por discutir y posiblemente aprobar, no incluye la obligación a cuántas personas mata el Estado, lo cual es increíble en términos de prevenir ejecuciones extrajudiciales, que el Estado no tenga la obligación de algo tan básico como transparentar a cuántas personas mata legalmente el Estado».
Lo anterior lo calificó como grave al destacar que existe un compromiso de los legisladores de Morena y del presidente de la República de acabar con las conductas de los delitos como la tortura, las detenciones arbitrarías, la desaparición forzada; sin embargo —dijo—, no se está tomando el cuidado de aprobar y redactar leyes que realmente prevengan dichas conductas.
Detalló que tanto la Organización de las Naciones Unidas, como Cruz Roja Internacional, enviaron contenidos mínimos que debe tener la Ley Nacional del uso de la Fuerza y las leyes que compongan la Guardia Nacional: «La pregunta es si los legisladores lo van a tomar en cuenta o simplemente van a darle vía rápida a la aprobación de estas leyes porque ya quieren que la Guardia esté funcionando, aunque no prevengan todas estas conductas. Aquí es bastante contradictorio que, por un lado, se prometa que se va a prevenir estos delitos, pero por otro lado no se apegue a los mecanismos para hacerlo», sostuvo.
La especialista declaró que, de no corregir las prácticas ya instaladas en las instituciones públicas locales y federales, se va a continuar con un México igual en materia de seguridad: «Esta es una oportunidad para corregir los errores y las prácticas que ya existen y que son sistemáticas».
Criticó que, por un lado, el Gobierno federal ha hablado de que no solo se enfocará a combatir de manera directa la delincuencia, sino que aplicará otros mecanismos sociales, pero a la vez —dijo— se están implementando políticas que perjudican las posibilidades de que disminuyan algunos delitos.
Por ejemplo, indicó que existen estudios que muestran que uno de los principales factores que determinan la violencia intrafamiliar es el hecho de que las mujeres puedan trabajar: «Si tienen trabajo (las mujeres), disminuye la probabilidad de que sufran violencia familiar, y lo que estamos viendo hoy es con la cancelación de las guarderías muy probablemente va a haber más mujeres desempleadas y que se ponen en situación de riesgo», concluyó.
Incidencias
19 de abril
Mientras se llevaba a cabo la fiesta de una mujer de 52 años en Minatitlán, Veracruz, sujetos armados irrumpieron el lugar, asesinando a catorce personas. Hasta el momento han detenido a tres personas como presuntas responsables.
8 de mayo
En el centro de Cuernavaca, Morelos, se registró una balacera que causó la muerte de dos personas: un empresario y el líder sindical de trabajadores de la CTM. Además, resultaron heridas dos personas más, entre ellas un camarógrafo.
13 de mayo
Dos balaceras que causaron la muerte de cuatro personas se registraron en la Ciudad de México. La primera ocurrió en Tepito, que dejó tres muertos y cuatro heridos. La segunda ocurrió en Polanco, causando la muerte de un hombre.
El perfil
Nombre: Catalina Pérez Correa
Trayectoria: doctora en Derecho, Universidad de Stanford, Estados Unidos. Profesora e investigadora de la División de Estudios Jurídicos del CIDE. Integrante del Programa de Política de Drogas del CIDE y experta en temas relacionados al sistema de justicia penal, la política de drogas en América Latina y la observancia de normas sociales y legales. Coordinadora del Colectivo de Estudios Drogas y Derecho (CEDD).
