Caray, parece que se destapó la “caja de pandora” de algunos ilustres magistrados oaxaqueños. Vaya que son todo un “estuche de monerías”.
Similar a lo que ocurre en el Tribunal de Justicia Administrativa donde el ex magistrado Hugo Villegas Aquino, por sus pistolas pretende reelegirse por ocho años más en el cargo, en el Tribunal de Justicia del Estado ocurre exactamente lo mismo, solo que aquí son seis magistrados“indígenas” los que también se aferran a perpetuarse en dicha posición de privilegio.
Ellos son: Ana Mireya Santos López, Luis Enrique Cordero Aguilar, Camerino Patricio Dolores Sierra, Narciso Abel Alvarado Vásquez, Tito Ramírez González y René Hernández quienes también pertenecen al grupo político del presidente del Consejo de la Judicatura, Alfredo Lagunas Rivera, quien por lo visto pretende seguir manejando ambos tribunales, el de Justicia Administrativa y el de Justicia del Estado.
Les platico estimados ciberlectores.
El 11 de enero del 2011 fueron nombrados por acuerdo del pleno del Congreso del Estado por un periodo de ocho años, Ana Mireya Santos López, Luis Enrique Cordero Aguilar y Camerino Patricio Dolores Sierra, así como sus suplentes Narciso Abel Alvarado Vásquez, Tito Ramírez González y René Hernández, como Magistrados del Tribunal Electoral de Oaxaca.
Sin embargo, por la Reforma Electoral 2014, dichos magistrados fueron removidos por los nuevos que nombró el Senado de la República.
En el tiempo que fueron nombrados, (antes del 2014) el Tribunal Electoral de Oaxaca pertenecía al Tribunal Superior de Justicia del Estado que presidía Alfredo Lagunas Rivera y rápidamente pasaron a ser parte de su equipo político.
Como ya se conoce, la reforma electoral 2014 desprendió de los Tribunales de Justicia Locales a los Tribunales Electorales.
Y cuando el Congreso de Oaxaca realizó una adecuación a la Constitución Local para homologarla a la reforma electoral 2014, en uno de los transitorios que fue una verdadera porquería, estableció que los magistrados electorales que serían removidos por la designación de los que hiciera el Senado, pasarían a formar parte del Poder Judicial del Estado.
El artículo décimo sexto transitorio señala: El Poder Judicial transferirá al Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca todos los recursos humanos, materiales y financieros con que contaba para el desempeño de sus funciones cuando pertenecía a su estructura orgánica. Todos los servidores públicos de base y de confianza que con motivo del presente Decreto dejen de pertenecer al Poder Judicial conservarán la totalidad de sus derechos laborales. El pleno del Tribunal Superior de Justicia, determinará la nueva adscripción de los actuales magistrados del Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial del Estado.
Pues bien. Con este artículo transitorio, el entonces presidente del Tribunal de Justicia del Estado de Oaxaca, Alfredo Lagunas Rivera absorbió y les dio cobijo a los seis magistrados electorales, a quienes arropó y los hizo de su grupo político, con los que hizo mayoría y lograron conservar el Consejo de la Judicatura, el que hoy dirige Lagunas.
Y en dicho acuerdo de los nombramientos, el cual aquí les publicamos, los ponen en la Sala Indígena y ahí mismo se establece que su nombramiento culmina el 11 de enero del 2019 y cuáles serían sus funciones de cada uno.
Su nombramiento, como ven, ya concluyó desde hace siete meses, pues fueron nombrados por ocho años, el acuerdo es clarísimo, no deja lugar a dudas.
De entrada estuvo mal que los hayan puesto como magistrados en la Sala Indígena por medio de un transitorio, porque nada tenían que hacer ahí, si eran magistrados electorales.
Sin embargo, en esa fecha quien estaba en el Congreso del Estado operando el tema fue el empresario-editor Ericel Gómez Nucamendi, quien era diputado en el periodo del ex gobernador Gabino Cué Monteagudo y quien comandaba al grupo de magistrados que a su vez hacían equipo con su sobrino Alfredo Lagunas Rivera, entonces presidente del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca.
A estas alturas, se puede confirmar que la Sala Indígena de dicho Tribunal, es inoperante, por ello la fusionaron con una Sala Penal, para que tengan algo en qué entretenerse los magistrados en referencia, lo mismo que la Sala Auxiliar, pues ahí están los suplentes de los magistrados electorales.
Estos Magistrados son los mismos del equipo de Lagunas Rivera que se ampararon por la desaparición del Consejo de la Judicatura, para que ustedes tengan una idea de lo que aquí se expone.
Hasta hoy, no ha existido alguna convocatoria para renovar a los magistrados de la Sala Indígena y esos nombramientos solo pudiera realizarlos el Congreso del Estado, sin que haya lugar a ser ratificados.
Sin embargo, la presidenta de la Comisión Permanente de Administración de Justicia de la 64 Legislatura local, Elisa Zepeda Lagunas, ha sido omisa, al igual que la presidenta de la Jucopo, Laura Estrada Mauro y sus integrantes, puesto que no han resuelto el problema y han permitido que se violente la Constitución Política del Estado de Oaxaca.
Este asunto de gravísima violación a las leyes, las y los diputados locales junto con los magistrados en mención, lo tienen en súper secreto y nadie ha hecho olas, porque ha trascendido que el Consejo de la Judicatura de Oaxaca, que preside Alfredo Lagunas Rivera, sin estar facultado, les otorgó un documento en el que los ratifica como magistrados para otros ocho años.
Doble violación a la Constitución, porque los únicos facultados para hacer los cambios son los legisladores que integran la 64 Legislatura del Estado, los que han cometido la grave falta de omisión legislativa que amerita un juicio de amparo precisamente por esta omisión al no emitir la convocatoria para los nuevos nombramientos.
Y hasta procede un recurso de juicio político contra las y los diputados locales ante los tribunales federales por no cumplir con su responsabilidad porque atentan contra las instituciones del Estado.
Acaso las y los diputados ¿no se han dado cuenta de la gravísima omisión legislativa en la que incurrieron?…Tiene siete meses que culminaron su periodo dichos magistrados “indígenas” y no pueden basarse en un documento expedido por un organismo que no tiene la facultad como es el Consejo de la Judicatura, para que dichos magistrados se queden a perpetuidad en el cargo.
Cada uno de estos magistrados en mención gana un promedio de 120 mil pesos mensuales y díganme ustedes ¿qué han hecho?, al menos en la Sala Indígena donde están asignados ¿qué trabajo se les conoce?, sin temor a equivocarnos, no conocen pero ni cuántos grupos étnicos tiene Oaxaca, para acabar pronto.
¡Es el colmo!
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