Un grupo de organizaciones no gubernamentales enviaron una carta al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard Casaubon para solicitar la puesta en marcha de un mecanismo de seguimiento, adecuado, efectivo y que contemple la participación de la sociedad civil, para la correcta implementación de las recomendaciones emitidas por diversos mecanismos internacionales de derechos humanos.
En el texto organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, se refirieron a recomendaciones hechas al Estado mexicano en materia de derechos económicos, sociales y culturales; contra la tortura; las desapariciones forzadas y la eliminación de la discriminación contra la mujer.
En los últimos años, México ha sido examinado por diversos órganos de tratados y visitado por Procedimientos Especiales de Naciones Unidas. “Las observaciones finales en relación a las informes presentados, así como las recomendaciones derivadas de estas revisiones, resultan de gran relevancia para afrontar la crítica situación de derechos humanos que se vive en nuestro país”, destacan las organizaciones.
Los órganos de tratados que recientemente examinaron al Estado mexicano, han solicitado el seguimiento puntual de recomendaciones prioritarias, bajo plazos de tiempos establecidos. “Pese a lo anterior, nos preocupa que al momento no tengamos conocimiento sobre las medidas que emprende el Estado mexicano para dar cumplimiento a dichas recomendaciones de seguimiento conforme a los tiempos establecidos por los Comités”, exhiben.
Ante ello solicitaron también establecer un diálogo con la SRE y la subsecretaría para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, a cargo de Martha Delgado.
En el texto se presentó un breve recuento de dichas recomendaciones entre las que se encuentra la efectuada por Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, el cual -entre otros- una investigación, seria y diligente de las masacres cometidas contra personas en situación de movilidad en los estados de Tamaulipas y Nuevo León entre 2010 y 2012, incluyendo la relación de agentes estatales con estructuras criminales y delitos como la corrupción y la impunidad.
También se hace referencia del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, organismo que recomendó la adopción de medidas efectivas y oportunas para prevenir actos de violencia contra las personas defensoras de derechos humanos.
El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer ha sugerido que a tipificación del delito de feminicidio en todos los códigos penales estatales de conformidad con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; normalizar los protocolos de investigación policial de este crimen y garantizar la aplicación efectiva de las disposiciones del derecho penal, recordaron.
En tanto, el Comité contra la Desaparición Forzada recomendó a México reconocer la competencia contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas, a efecto de recibir y examinar comunicaciones presentadas por las víctimas, sus familiares o representantes.
También este comité de la ONU sugirió al Estado mexicano aceptar definir las modalidades para la visita a México del Comité, de conformidad con el artículo 33 de la Convención, comunicada y reiterada desde 2013.
