Ciudad de México. 2 de septiembre de 2019. El gobernador Alejandro Murat Hinojosa se reunió con diputadas federales, integrantes de la Comisión de Justicia de la LXIV Legislatura Federal, para analizar las reformas a la Ley Nacional de Ejecución Penal en materia de feminicidio y con ello fortalecer el acceso a la justicia y combate a la violencia de género.
Con estas acciones se establece un sólo frente para que en coordinación y respeto se realicen acciones legales para la protección de los derechos humanos de las niñas, jóvenes y mujeres, ya que con ello se fortalece al Estado de Oaxaca y de México.
En el encuentro con la diputada federal Lorena Villavicencio Ayala, secretaria de la Comisión de Justicia para Violencia de Género y Feminicidio, se expusieron las propuestas de reformas a la Ley Nacional de Ejecución Penal que permitan restringir la reducción de la pena de los feminicidas y con ello favorecer el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia.
Durante la reunión, a la que asistieron la presidenta del Instituto de Formación en Justicia y Derechos Humanos, Patricia Olamendi Torres y la coordinadora para la Atención de los Derechos Humanos de Oaxaca, Norma Reyes Terán; la legisladora Villavicencio Ayala, reiteró su compromiso a impulsar la propuesta de reformas de ley que permita el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia y reconoció el interés del Gobernador para combatir la violencia de género.
Con las reformas a los artículos 137, penúltimo párrafo, y 141, último, para restringir la reducción de la pena a los sentenciados por feminicidos se tiene como propósito incluir al feminicidio como delito grave y clasificarse al igual que la delincuencia organizada, secuestro y trata de personas, y que debe trascender el proceso de reinserción de quienes resultan ser los responsables de su comisión.
La administración del gobernador Alejandro Murat impulsa acciones con enfoque trasversal, respeto a los derechos humanos y perspectiva de género para crear una atmósfera propicia que prevalezca las garantías individuales de las personas, en particular de las niñas, jóvenes y mujeres adultas de la entidad para que puedan tener una vida libre de violencia.
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