Un presunto daño patrimonial por 14 millones de pesos registran las arcas del Gobierno de Oaxaca, donde los directamente involucrados son el ex titular de la Secretaría del Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable (Semaedeso), José Luis Calvo Ziga y servidores públicos que eran “familiares” del empresario gasolinero, por cobros de revisiones a vehículos en los verificentros por emisiones a la atmósfera.
De los presuntos hechos de corrupción ya existen denuncias por parte de la Secretaría de Finanzas ante la Fiscalía Anticorrupción, que investiga las anomalías, las cuales podrían constituirse en delitos graves, de acuerdo al reporte oficial en poder de este espacio, el cual señala puntualmente que el ex funcionario público elevó exponencialmente los folios de revisiones vehiculares hasta en un 200% en el ejercicio fiscal 2018.
¡Qué bárbaro!
En estos actos de corrupción también son investigados el ex director administrativo de la Semaedeso, Albero Buy Gabriel, la ex secretaria particular de Calvo Ziga que además es su prima, Auryn Olivia Melgar López, así como el chofer también pariente cercano de nombre Valdemar y otro familiar que estaba como jefe de departamento, quienes además, según la denuncia, “exigían y solicitaban a personal de la Semaedeso parte de su sueldo para sí y en beneficio de diversas personas”, es decir, “moches”.
La Secretaría de Finanzas del Gobierno de Oaxaca denunció los hechos probablemente constitutivos de delito consistentes en la solicitud de pago por parte de concesionarios de verificación vehicular (verificentros) y unidades móviles, respecto a verificaciones que se realizaron en las semanas 26 a la 32 del ejercicio fiscal 2018.
Dichas verificaciones presentan un incremento en el número de revisiones efectuadas y en consecuencia la cantidad de folios a verificar en relación a las semanas 4 a la 25 del mismo año fiscal, se elevó exponencialmente en un 200%, las cuales presentan inconsistencias en su comprobación, por ello se detuvo el proceso de pago.
Es importante precisar que el Gobierno del Estado tiene un convenio con Semaedeso, en el que se dispone que la recaudación por verificación vehicular del primer semestre de cada año le corresponden a los Centros de Verificación el 70% y al Gobierno el 30% restante de los vehículos que efectivamente realicen la verificación ambiental.
La Secretaría del Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable es la encargada por disposición legal de establecer los procedimientos para la recepción de los reportes de verificaciones realizadas por los Verificentros y Unidades Móviles, e informar a la Secretaría de Finanzas mediante archivo Excel los folios pagos por derechos de verificación de emisiones, los cuales fueron presentados y utilizados por los verificentros con la finalidad de que sean validados y realizar el informe para el pago.
Por ello de manera semanal la Semaedeso informa a la SEFIN los folios utilizados por los Verificentros y Unidades Móviles para su validación y trámite de pago.
Así tenemos que en 2018 de la semana 4 a la 25, supuestamente hubieron 33 mil seis folios verificados, que equivale a un importe de 13 millones 876 mil 516 pesos, de los cuales 9 millones, 713 mil 561 pesos que representa el 70% corresponde a los Verificentros y 4 millones 162 mil 954 equivalente al 30% es para el Gobierno del Estado, esta primera tabla tiene una observación de mil 500 verificaciones por semana.
En la semana 26 del ejercicio fiscal 2018, se registraron 4 mil 227 folios verificados con un importe de 1 millón 824 mil 224 pesos, de los cuales 1 millón 276 mil 956 pesos corresponden a los verificentros y 547 mil 267 pesos al Gobierno del Estado, este reporte tiene observaciones de que los folios se incrementaron hasta en un 200%.
En ese mismo año (2018) José Luis Calvo Ziga, ex titular de Semaedeso informó a la SEFIN que ampliaría el Programa de Verificación argumentando que no contaba con hologramas de verificación en el periodo referido, situación que no estaba justificada, informando por oficio la modificación del calendario de verificación del primer semestre, sin embargo, no existe alguna publicación oficial de la ampliación del Programa, como legalmente se dispone.
No obstante, la Semaedeso solicitó en pago de 7 semanas más fuera de calendario legal, lo que además significó un aumento exponencial al promedio por semana, pasando de mil 500 semanales a 9 mil 600 por dicho periodo, respecto del cual es posible determinar que esos folios no mantienen el comportamiento normal semanal, si no que aumentaron exponencialmente y seguramente son usuarios simulados que representan un daño patrimonial de 14 millones de pesos.
¡Qué tal!
En una segunda tabla de observación se reporta que en la semana 26 a la 29 del 2018, hay 20 mil 194 folios verificados con un importe de 8 millones 751 mil 482 pesos, de los cuales 6 millones 126 mil 037.40 son para verificentros y 2 millones 625 mil 444.60 pesos para el Gobierno del Estado, sin embargo se observó que hay hasta 5 mil 300 verificaciones por semana.
Y en la semana 30 a la 32 del mismo 2018 se registran 28 mil 996 folios verificados, cuyo importe equivale a 12 millones 269 mil 359 pesos, de los cuales 8 millones 588 mil 551.30 pesos son para verificentros y 3 millones 680 mil 807.70 pesos para Gobierno de Oaxaca, lo que representan 9 mil 600 verificaciones por semana.
Se volaron la barda con estas verificaciones.
Aquí cabe preguntar ¿tendrán castigo estos ex funcionarios de la Semaedeso por el daño patrimonial registrado hasta por 14 millones de pesos?…¿O acaso Calvo Ziga será uno más de la larga, larga lista de servidores públicos que aun cuando tienen señalamientos de corrupción, siguen campantes?
Es urgente que el Gobierno de Alejandro Murat Hinojosa siente un precedente contra todos aquellos funcionarios que han hecho mal uso de los recursos públicos, porque hasta el momento, en su tercer año de administración gubernamental lo único que se ha visto es que los mueven de un lugar a otro y no hay castigo contra todos aquellos que le han causado un daño patrimonial a Oaxaca.
Imagínense, se ha confirmado que la Fiscalía Anticorrupción tiene 3 mil asuntos pendientes que resolver y casi todos son por mal uso de recursos públicos, pero hasta ahora ha sido inoperante porque no cuenta con presupuesto propio ni con el personal suficiente y capacitado para hacer su “chamba”.
No es posible que la Fiscalía Anticorrupción y su titular Jorge Emilio Iruegas dependan del fiscal general Rubén Vasconcelos Méndez, no solo en materia presupuestal, sino hasta en personal capacitado, solo tiene asignados a dos Ministerios Públicos, por eso los casos de denuncias nunca se concluyen.
Es inaudito, de verdad, que hasta tenga que solicitarle al Fiscal General boletos de autobús para hacer diligencias fuera de la ciudad.
¡Una burla!
Lo que hoy exponemos en este espacio es otro asunto de presunta corrupción en los verificentros que involucra directamente al ex titular de Semaedeso, José Luis Calvo Ziga, y ya veremos si lo castigan o lo premian.
Recordemos que es el Oaxaca donde no pasa nada.
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