Estos diputados oaxaqueños de la 4T salieron bien “listillos” para “robarse” iniciativas de reformas y Fredie Delfín Avendaño, presidente de la Comisión Permanente de Vigilancia al Sistema de Combate a la Corrupción de la 63 Legislatura del Estado, es una clara muestra de ello.
Se acuerdan que en este espacio abordamos brevemente en la entrega pasada la inoperancia de la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca, quien tiene 3055 asuntos pendientes de denuncias de investigación en la materia y no ha logrado avanzar ni desahogar los temas por falta de presupuesto y de personal capacitado, puesto que dependen directamente del fiscal Rubén Vasconcelos Méndez.
De entrada podemos confirmar que entre Vasconcelos Méndez y Jorge Emilio Iruegas hay roces y jaloneos ya muy graves, porque el primero de ellos no le libera recursos para la operatividad de la Fiscalía Anticorrupción, la cual no tiene lana, no cuenta con plazas laborales, las que tiene son prestadas por la Fiscalía General.
A pesar de ser la Fiscalía Anticorrupción un órgano con autonomía administrativa, técnica, de gestión y decisión, no cuenta con un recurso asignado, ni con personal para cumplir con sus funciones, ello derivado principalmente de la falta de publicación del apartado de reglamento relativo a la Fiscalía Especializada a cargo del Fiscal General (Vasconcelos Méndez).
Ante esta grave problemática, fue presentada una iniciativa de reforma para dotar a la Fiscalía Anticorrupción de presupuesto propio y evitar que el Fiscal General (Rubén Vasconcelos) siga manejando los dineros a su libre albedrío e incluso al personal, porque en dicha instancia es el que quita y pone, mientras las denuncias siguen atoradas, no se concluyen.
Antes de que la iniciativa fuera presentada a la Comisión que preside el diputado Fredie Delfín Avendaño, el tema fue cabildeado entre el legislador y el fiscal anticorrupción Jorge Emilio IruegasÁlvarez, incluso el representante popular le pidió al servidor público que se encargara de elaborar la propuesta y que la analizarían en comisiones para su posible aprobación.
Iruegas Álvarez, quien fue nombrado por la anterior 62 Legislatura del Estado para un periodo de ocho años en el cargo, elaboró la iniciativa, hasta ese trabajo le hizo al diputado “comodín”, y éste a su vez la presentó ante la Comisión de Vigilancia al Sistema de Combate a la Corrupción.
La Comisión legislativa está integrada por los siguientes diputados y diputadas: Fredie Delfín Avendaño, Presidente; Horacio Sosa Villavicencio y Elena Cuevas, los tres de Morena; María de Jesús Mendoza Reyes del PAN y Noé Doroteo del PT.
Delfín Avendaño se llevó al baile a sus compañeros legisladores, a quienes les hizo creer que la iniciativa la habían elaborado sus asesores y no conforme con ello, le agregó un transitorio que señala que después de aprobarse y publicarse dichas reformas, habrá un nuevo proceso para nombrar a un nuevo Fiscal Anticorrupción, cuando existe uno que fue nombrado por sus antecesores legisladores por un periodo de ocho años.
Delfín Avendaño además de robarle la iniciativa, todavía le asestó la puñalada para que cambiar al actual Fiscal Iruegas Álvarez y quien estaría detrás del diputado “comodín”, es nada menos que Rubén Vasconcelos Méndez por el pleito que trae con el Fiscal Anticorrupción.
¡Qué marranada!
Fredie Delfín ya trae diferencias hasta con sus propios compañeros de bancada, como la diputada Elena Cuevas y Horacio Sosa Villavicencio, porque prácticamente los engañó, nunca los tomó en cuenta para hacer la propuesta y por supuesto ya le brincaron.
Como este asunto ya se hizo público, ahora Fredie Delfín citó a comparecer al fiscal anticorrupción, Jorge Emilio Iruegas Avendaño para el próximo viernes 6 de septiembre a las 11:00 horas en el salón de sesiones del pleno en San Raymundo Jalpan, según acuerdo CPVSECO 02/2019 y le pide dar respuesta en cuatro puntos.
1.- Descripción pormenorizada del programa operativo anual y las acciones realizadas por la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca, perteneciente a la Fiscalía General del Estado en el periodo comprendido del 1 de enero al 15 de agosto de 2019.
En este punto, el cual le corresponde a la Fiscalía General del Estado dar respuesta, le van a corregir la plana a Delfín Avendaño, puesto que la Fiscalía Anticorrupción “no está considerada como unidad ejecutora para el presente ejercicio fiscal 2019”, que no cuenta con presupuesto asignado y que las diversas acciones tendrán que sujetarse a la disponibilidad presupuestal que maneja Rubén Vasconcelos.
Tampoco se le asignaron recursos de ramos autónomos del Presupuesto de Egresos del 2019, por tanto dicha descripción pormenorizada le atañe directamente a la Fiscalía General del Estado.
Así de sencillo.
2.- Descripción de resultados concretos alcanzados a la fecha, respecto de las acciones realizadas por la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca, en el marco de su función sustancial de procuración de justicia en materia de combate a la corrupción.
Este punto sí le corresponde a Iruegas Álvarez responder de manera puntual, porque aun cuando se tienen 3,055 casos de denuncias en dicha institución, solo en el 2019 hay 2110 legajos de investigación en trámite, 390 averiguaciones previas y 531 carpetas de investigación iniciadas, más 352 determinaciones ministeriales. Hay 29 órdenes de aprehensión, de las cuales 24 fueron solicitadas y 5 concedidas.
Es decir, las carpetas de investigación están rezagadas.
En los puntos 3 y 4, donde el Congreso del Estado le requiere el monto y destino pormenorizado de los recursos económicos, materiales y técnicos ejercidos por dicha Fiscalía, así como el perfil y puesto asignado de todo personal que actualmente labora en esa institución, Iruegas Álvarez se lo va a endosar a Vasconcelos Méndez puesto que tampoco le corresponde ninguno de esos dos asuntos.
¡Qué cosas!
Ahora bien.
Hay dos datos interesantes que son del interés público, el primero son los casos de corrupción relacionados con las autoridades municipales que representan el 53% del total de los asuntos y el monto económico aproximado en perjuicio del erario público municipal y/o estatal asciende a 1,094 millones 408 mil 154.03 pesos.
Y el segundo asunto es que poco más del 12% de los casos que lleva la Fiscalía Anticorrupción están relacionados con funcionarios del Gobierno de Oaxaca y se vincula al detrimento del erario público estatal por un monto de 2,545 millones 538 mil 410 pesos.
Ni más ni menos, ese es el tamaño de la corrupción en Oaxaca, por ello ocupa la entidad el primer lugar a nivel nacional con 3055 denuncias radicadas, seguida de Jalisco con 1302, Sonora 567, Quintana Roo 330, Nuevo León 240, Coahuila 223, Tamaulipas 148 y Campeche 45 casos.
Es importante destacar que salvo Oaxaca cuya Fiscalía Anticorrupción tiene cero presupuestos, las demás entidades federativas antes mencionadas, sí cuentan con recursos asignados para su operatividad en el presente ejercicio fiscal:
Nuevo León 70 millones de pesos; Coahuila 64 millones 23 mil 835 pesos; Sonora 59 millones de pesos; Tamaulipas 32 millones 57 mil 474.41 pesos; Quintana Roo 44 millones 500 mil pesos; Durango 19 millones 100 mil pesos; Campeche 10 millones 717 mil 500 pesos; Jalisco 9 millones 698 mil 829.28 pesos y Oaxaca que viene en último lugar de la tabla, tuvo cero presupuesto y es la que más caso de investigación y denuncias tiene con 3055 asuntos pendientes.
Esa es la gran incongruencia. Si se sigue en esa tónica de que la Fiscalía General del Estado sea quien determine a cuenta gotas lo que le asignará a la Fiscalía Anticorrupción, pues estamos fritos, nunca habrá operatividad y sin lugar a dudas se convertirá en otro “elefante blanco”.
Así está el gravísimo asunto de la Fiscalía Anticorrupción. Veremos qué hacen las y los diputados de la 63 Legislatura, porque el tema está en su cancha, mientras los morenos pretenden agandallarse a la institución de combate la corrupción.
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