Pueblos choles de Chiapas pidieron al presidente Andrés Manuel López Obrador la “condonación de adeudos arbitrarios” con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) iniciados hace nueve años, y la abrogación de la reforma energética que “entrega” los recursos naturales y energéticos a empresas extranjeras.
Representantes comunitarios y pobladores choles, integrados en la organización Laklumal Ixim – Norte Selva de Chiapas, aseguraron que la petición es un acto de justicia para Chiapas ante la deuda histórica que la CFE mantiene con la entidad.
Por ello, expresaron, la petición de abrogar la reforma energética, los decretos de privatización de aguas nacionales, la renacionalización de la energía eléctrica, y que se legisle para que la energía eléctrica doméstica sea un derecho humano.
En el documento público dirigido también al director general de la paraestatal, Manuel Bartlett Díaz, y al gobernador Rutilio Escandón Cadenas, Laklumal Ixim – Norte Selva sostiene que cancelar los adeudos por consumo de energía eléctrica es un acto de justicia para los chiapanecos, porque se fundamenta en las condiciones de “miseria y abandono” padecida por décadas a causa de los gobiernos.
Chiapas concentra además el 30% del agua del país, y con las hidroeléctricas en el río Grijalva “se genera el 54% de la energía eléctrica”, sin que reciba ningún beneficio, por el contrario se pagan tarifas “más altas” que en el centro y el norte de México.
La organización de pobladores choles del norte y selva abundó que fundan su reclamo en la condonación realizada en mayo pasado al estado de Tabasco cuando el gobierno y la CFE cancelaron “adeudos históricos” a esa entidad y se le otorgó la tarifa más baja del sistema eléctrico nacional F1.
Los inconformes expresaron que durante estos años de resistencia han denunciado, a través del Comité de Derechos Humanos de Base de Chiapas Digna Ochoa (Comité Digna Ochoa), que la paraestatal mantiene una estrategia de choque entre la población declarada en resistencia y quienes aceptan los pagos, aunado a los cortes de suministro.
Con esa estrategia, agregaron, se ha criminalizado y detenido a personas; se ha presionado para exigir el pago inmediato de “supuestos adeudos” y condicionado el mantenimiento y reparación del tendido eléctrico al pago de energía eléctrica además del “aumento desproporcionado e injustificado” de tarifas.
La paraestatal mantiene la advertencia, subrayaron, que por la falta de pago y la continuación del consumo del servicio eléctrico iniciará demandas con base en los artículos 253, 254 y 368 del código penal federal, con los cuales se pretenderá equiparar al robo “la exigencia y lucha por el derecho a una tarifa justa” enmarcada en las condiciones “de miseria” en la que viven “la mayoría” de los chiapanecos.
Mientras que el Comité de Derechos Humanos de Base de Chiapas Digna Ochoa aseguró que la resistencia al pago de “altas tarifas” de energía eléctrica en Chiapa ha tenido diversas expresiones que surgieron en la región costa y selva en 1992, un año después en el norte; en 1994 con el levantamiento armado se generalizó en distintas regiones.
Esa lucha popular por la defensa de la tierra y el territorio, puntualizó, es un eje de resistencia contra los megaproyectos, como el Plan Puebla Panamá, la extracción mineras, las represas y centrales hidroeléctricas extranjeras.
