En un contexto de progresividad de derechos, la libertad de las mujeres de decidir sobre sus propios cuerpos representa un avance sustantivo en materia de derechos sexuales y reproductivos.
Para la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) la construcción de una sociedad igualitaria entre hombres y mujeres supone garantizar el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo, pero también, de dotarlas de información y de mecanismos de acceso a la justicia, así como de servicios de salud sexual y reproductiva, que elimine cualquier forma de discriminación en su contra.
Y es que si bien es un tema polémico en el que existen diversas posturas, mismas que deben ser escuchadas y atendidas en una sociedad democrática, en México y a nivel internacional existe ya un andamiaje jurídico que prioriza la libertad de conciencia y de decisión de las mujeres respecto a su proyecto de vida.
En este sentido, el defensor de los Derechos Humanos, Bernardo Rodríguez Alamilla afirmó que los derechos de las mujeres deben garantizarse con base a los estándares nacionales e internacionales, mismos que priorizan la libertad de decisión y de consciencia.
Apuntó que existe una realidad que es innegable respecto a las mujeres que sin garantías sanitarias realizan la interrupción de su embarazo, aunado a la existencia de todo un mercado lucrativo que funciona en la clandestinidad, sin ningún tipo de regulación.
El ombudsman resaltó que además de estos puntos, se debe garantizar la libertad de mujeres que se encuentran purgando una sentencia por la interrupción de su embarazo.
El defensor señaló que la construcción de condiciones que garanticen una vida de igualdad entre hombres y mujeres, compete a todas y todos, por ello hizo un llamado a todos los sectores de la sociedad a participar de manera responsable en esta tarea.
Sostuvo que las conquistas en materia de derechos humanos implican cambios trascendentales y el rompimiento de paradigmas, por lo que consideró, es momento de adoptar nuevas conductas e ideas que no criminalicen su libre actuar y con ello poner un alto a la continua violencia institucionalizada que persiste contra las mujeres, para finalmente, reivindicar la deuda histórica que nos exige reconocer su carácter de portadoras de derechos y dignidad.
