-Juchitán entre los municipios que no pudo solventar cuenta pública 2017
-Ese año fungía como presidenta municipal la ahora diputada por Morena, Gloria Sánchez López, quien estaría pidiendo “moneda de cambio” para aprobar endeudamiento
El municipio de Juchitán de Zaragoza, región del Istmo de Tehuantepec, es uno de los 74 que no han podido solventar su cuenta pública 2017, mientras fungía como Edil la diputada local Gloria Sánchez López.
La expresidenta municipal, del partido Morena, no ha podido comprobar el uso de 29 millones 445 mil 954 pesos con 10 centavos, razón por la cual es uno de los municipios de los que el congreso no aprobó la cuenta pública.
Actualmente, esa administración se encuentra en período de investigación para aplicar las sanciones correspondientes, que pueden incluir una sanción penal contra la ahora diputada.
Cabe señalar fuentes extraoficiales del congreso local señalan que la diputada es quien ahora pide “moneda” de cambio para firmar el dictamen por el que se aprueba una nueva deuda pública para el Estado de Oaxaca por 3 mil 500 millones de pesos.
Es decir, “borrón y cuenta nueva”, que le limpien el expediente.
En la última sesión del segundo periodo ordinario de la 64 legislatura local no se aprobó la cuenta pública 2017 de 74 municipios debido a que la información aportada sobre su ejercicio era insuficiente, además y el Órgano Superior de Fiscalización aún se encuentra en la fase de investigación para integrar los informes de presunta responsabilidad administrativa.
El dictamen lo presentó el Presidente de Comisión Permanente de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización del Estado, Horacio Sosa Villavicencio, quien expuso las razones por las que se determinó no aprobar la cuenta pública de esos municipios.
Precisó que las deficiencias observadas no solamente exhiben la precariedad con que el máximo ente fiscalizador del estado desempeña sus funciones constitucionales, sus limitaciones operativas y su falta de capacidad técnica, habla también de la deficiencia de los ordenamientos legales para garantizar la eficacia de la fiscalización y la evaluación de los entes públicos.
