CDMX.- Pese a que desempeñó su carrera en las más altas esferas de la administración pública federal y desarrolló actividades empresariales, Eduardo Medina Mora —quien dimitió a su cargo como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el pasado jueves— ha mantenido reservado su patrimonio.
En las últimas dos décadas, el ministro ha ocupado cargos clave en el gobierno, pero desde la primera vez que los funcionarios estuvieron obligados a hacer públicas sus declaraciones patrimoniales, el jurista decidió no abrir al público los detalles sobre su riqueza.
Se ha documentado la participación de Medina Mora como accionista en Polímeros Aztlán, S.A. de C.V., y Promotora Agroindustrial y Florícola, S.A. de C.V., ambas fundadas en Querétaro, así como su desempeño como director jurídico de la empresa Consultores en Informática y Computación, S.A. de C.V., hoy denominada CompuSoluciones y Asociados, S.A. de C.V.
También está documentada su participación como parte del Consejo de Administración de la empresa Grupo Inffinix, S.A. de C.V., fungiendo como vocal. Esta firma forma parte de los accionistas de CompuSoluciones y Asociados, S.A. de C.V.
En el año 2000, el ministro fue designado por el expresidente Vicente Fox como director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), y dos años más tarde el Jefe del Ejecutivo promulgó la reforma en materia de transparencia.
El entonces director del Cisen entregó en 2003 su declaración patrimonial por primera vez a la plataforma creada para concentrar esos datos, Declaranet, pero no autorizó hacerla pública.
Se revisó la información que el ministro presentó desde ese año como director del Cisen, su paso por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la extinta Procuraduría General de la República (PGR) y hasta como embajador de México.
Del 29 de mayo de 2003 al 20 de abril de 2015, cuando concluyó su cargo como embajador, Medina Mora no dio su consentimiento para hacer pública ninguna de sus declaraciones patrimoniales.
En la SCJN, la información de la fortuna del ministro, al igual que la del resto de los integrantes del pleno, tampoco está abierta. Esto, debido a que, por ley, los servidores públicos no están obligados a que sus declaraciones sean conocidas, sólo a presentarlas en la plataforma.
La Ley General de Responsabilidades Administrativas establece en el artículo 29 que estas declaraciones y las de intereses serán públicas, “salvo los rubros cuya publicidad pueda afectar la vida privada o los datos personales protegidos por la Constitución”.
De acuerdo con el columnista Salvador García Soto, un reporte de la National Crime Agency, del gobierno de Reino Unido, detectó transferencias realizadas en los últimos dos años desde México a cuentas de Medina Mora en el HSBC UK BANK de Londres, por un total de 2 millones 382 mil 526 libras esterlinas.
El columnista indicó en junio pasado que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos documentó que Medina Mora también recibió 2 millones 130 mil dólares en sus cuentas de HSBC USA entre 2016 y 2018, lo que daría un total de más de 100 millones de pesos en transferencias.
Medina Mora publicó una carta en la que afirmó que las transferencias fueron realizadas por él mismo desde una cuenta de HSBC México y que las cantidades reportadas por el periodista, relacionadas con 12 de 32 transferencias, están en pesos mexicanos y no en monedas extranjeras.
100 millones de pesos en transferencias se detectaron en sus cuentas.
