La fallida captura -este jueves- de Ovidio Guzmán López “El Chapito en Culiacán, Sinaloa, mostró la debilidad y falta de planeación e inteligencia de un gabinete de seguridad federal comandado por Alfonso Durazo Montaño; el titular de la Secretaria de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval y el de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, que hicieron el ridículo frente al crimen organizado y exhibieron a su jefe máximo, al Presidente Andrés Manuel López Obrador.
Lo pusieron contra la pared, de rodillas prácticamente ante el crimen organizado, jamás visto en este país. La peor humillación al jefe máximo de las fuerzas federales de México.
Un gabinete de seguridad federal con serias contradicciones, porque mientras el titular de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo declaraba a la opinión pública, en un primer acto, que los militares a bordo de una patrulla con 30 elementos de la Guardia Nacional y Sedena, fueron atacados desde una vivienda en el fraccionamiento Tres Ríos en Culiacán, Sinaloa.
Foto: Cuarto Oscuro
Cuando en un “patrullaje de rutina” pasaban a las 15:30 horas por dicho fraccionamiento y al repeler la agresión y tomar el control de la misma, en su interior estaban cuatro personas entre ellas Ovidio Guzmán López, hijo de El Chapo Guzmán y que más tarde tuvieron que detener la acción, por las agresiones y ola de violencia que se desató en Culiacán por parte de dichos grupos armados.
Sin embargo, en un segundo acto, salen a decir que fue un operativo precipitado, con deficiente planeación y previsión de las consecuencias de la detención, evitando también tener el consenso de sus superiores, evidenciando al grupo de la Policía Ministerial públicamente en conferencia de prensa así lo admitió el titular de la Sedena, Luis Cresencio Sandoval, entonces qué fue ¿patrullaje de rutina u operativo?, son dos cosas totalmente distintas.
En un tercer acto, ya sale el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia mañanera desde Oaxaca, donde realiza una gira por tres días, que detuvieron las acciones para no exponer a la población y confirmó que hay una orden de aprehensión contra Ovidio Guzmán López dictada por un juez federal con fines de extradición.
Y en un cuarto acto, Alfonso Durazo sale en todos los noticieros a decir que Ovidio Guzmán no estuvo técnicamente detenido, esto para salvar el pellejo y no le sean aplicados los artículos federales 147 y 150, que más adelante les describimos, porque sí procedería la destitución de todos los miembros del gabinete de seguridad federal.
Por su parte, en Oaxaca, así se la quiso sacar el Presidente en su mañanera: “El poder no es prepotencia, no es violencia, encabezo un gobierno civilista. Decir que nos vimos rebasados, es una conjetura conservadora y de adversarios.
Acompañado del Gobernador Alejandro Murat Hinojosa, justificó que no se puede apagar el fuego con el fuego y que la determinación de liberar al líder del Cártel de Sinaloa se tomó con el objetivo de que no hubiera una masacre en Culiacán.
“La liberación de Ovidio Guzmán fue una circunstancia especial que se presentó, porque la política de aniquilamiento, la mentalidad autoritaria, de barrer, que se tenía en el pasado, no da resultados, ni es humano”.
“Quien no tiene la razón, quien usa la fuerza no tiene la autoridad moral, puede ser que en una circunstancia se impongan, era lo que pasaba en el país, se imponían con el fraude electoral, con el uso de la fuerza con el control casi absoluto de los medios de comunicación, eso se acabó”.
Que la liberación del líder narcotraficante, no da un mensaje de impunidad “es como se interprete”, y no hay impunidad porque no hay contubernio entre la delincuencia y autoridades, “está bien pintada la raya”, resaltó el Presidente.
Lo ocurrido en Culiacán, donde se desató la violencia por la detención de Ovidio Guzmán, que más tarde fue liberado para evitar más violencia, fue una situación producto de una circunstancia donde se valoró que había que proteger la vida de seres humanos, pero no existe asociación delictuosa entre autoridad y delincuencia, atajó AMLO.
“Creo que hicieron bien los mandos que tomaron esta decisión, fueron los responsables de la seguridad del país quienes lo decidieron de manera colegiada, decisión que yo respaldo”, puntualizó.
Pero en todo este embrollo que rodeó a la fallida captura de “El Chapito”, hay un asunto que es gravísimo, la violación a las leyes, específicamente a los artículos 147 del Código Penal Federal y el 150 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que fue en flagrancia, es decir, cometiendo un delito porque dispararon a los elementos de la patrulla.
El Artículo 147 del Código Penal Federal señala: Cualquier persona podrá detener a otra en la comisión de un delito flagrante, debiendo entregar inmediatamente al detenido a la autoridad más próxima y ésta con la misma prontitud al Ministerio Público.
Los cuerpos de seguridad pública estarán obligados a detener a quienes cometan un delito flagrante y realizarán el registro de la detención.
La inspección realizada por los cuerpos de seguridad al imputado deberá conducirse conforme a los lineamientos establecidos para tal efecto en el presente Código.
En este caso o cuando reciban de cualquier persona o autoridad a una persona detenida, deberán ponerla de inmediato ante el Ministerio Público, quien realizará el registro de la hora a la cual lo están poniendo a disposición.
Hasta ahí el Artículo 147. Dice: los cuerpos de seguridad, y los que detuvieron a Ovidio Guzmán en flagrancia son cuerpos de seguridad, aunque Durazo diga que no tenían la orden de cateo, pero el hecho de que les empezaran a disparar y por ello entraron a la vivienda y detienen al imputado disparándoles, eso es flagrancia.
También les aplica el Artículo 150 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que señala: Se aplicarán de seis meses a nueve años de prisión al que favoreciere la evasión de algún detenido, procesado o condenado. Si el detenido o procesado estuviese inculpado por delito o delitos contra la salud, a la persona que favoreciere su evasión se le impondrán de siete a quince años de prisión, o bien, en tratándose de la evasión de un condenado, se aumentarán hasta veinte años de prisión.
Si quien propicie la evasión fuese servidor público, se le incrementará la pena en una tercera parte de las penas señaladas en este artículo, según corresponda. Además será destituido de su empleo y se le inhabilitará para obtener otro durante un periodo de ocho a doce años.
Ahora bien.
Ambos artículos le aplican a los miembros del gabinete de seguridad federal, porque ellos dejaron ir a Ovidio Guzmán, ellos también entraron a la vivienda por un delito en flagrancia, diverso a la orden de aprehensión para su extradición a Estados Unidos y cuando entraron y lo detuvieron ya no necesitaban la orden de cateo, porque lo detuvieron por un delito diverso como es la portación de arma de fuego reservada a las fuerzas armadas y tentativa de homicidio en flagrancia.
Y una vez detenido por los delitos en flagrancia también lo podían detener para su extradición, porque la orden de cateo ya era innecesaria para entrar a la vivienda donde estaba Ovidio Guzmán López.
Por todas estas graves violaciones, quienes deben ser procesados, detenidos y separados de su cargo son los integrantes del gabinete de seguridad como son: Alfonso Durazo Montaño, de Seguridad y Protección Ciudadana; Luis Cresencio Sandoval de la Sedena; Luis Rodríguez Bucio de la Guardia Nacional.
Porque ellos por unanimidad ordenaron dejar no detener, o dejar en libertad, o evadir de la acción de la justicia a Ovidio Guzmán y con ello, violentaron el Artículo 147 del Código Penal Federal y el 150 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Así que tienen que asumir su responsabilidad en estos lamentables hechos que no solo pusieron en riesgo la integridad física de las familias de Culiacán, Sinaloa, sino permitieron la peor de las humillaciones al jefe máximo de las fuerzas federales, al Presidente Andrés Manuel López Obrador y de paso a los militares en operativo fallido.
El saldo de la acción fallida que reconocen las autoridades son: ocho personas muertas, incluido un civil, así como 49 reos fugados del penal de Culiacán.
Es pues, el Presidente López Obrador y nadie más, quien decidirá la suerte de su gabinete de seguridad.
Solo que en un gobierno que se dice “democrático”, no cabe la impunidad.
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