Mientras la Secretaría de las Infraestructuras y Ordenamiento Territorial Sustentable (SINFRA), junto con su titular Fabián Sebastián Herrera Villagómez, ha hecho mutis sobre las licitaciones de tres contratos para la “adquisición de cemento” a la empresa Comercializadora de Aceros y Cementos Quinca S.A. de C.V., por un monto total de 93 millones 889 mil 888.53 pesos, el Gobierno de Alejandro Murat Hinojosa ordenó investigar las presuntas irregularidades y omisiones de las y los funcionarios que participaron en las licitaciones.
De acuerdo a información oficial que ha trascendido, las y los funcionarios involucrados, principalmente quienes firman las licitaciones como Mario Caballero López, Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales;de la Secretaría de Administración, el jefe de la Unidad de Adquisiciones de la Dirección de Recursos Materiales, Orlando Francisco De Jesús Sánchez y la directora de Recursos Materiales, María Isabel Cruz Martínez, buscan argumentos para salvarse como el hecho de que “no hubo inconformidad” de ninguna de las empresas participantes.
Es de risa lo que intentan argumentar, puesto que son sabedores que las empresas jamás se van a inconformar porque sería hacerse el haraquiri ellas mismas, por aquello de las reglas del juego no escritas, pero además porque conocen y saben que si protestan, la misma Secretaría de la Contraloría les va a buscar hasta por debajo de las piedras para sancionarlas, por eso no hay denuncias, por esas represalias.
Muy sencillo, no hay confianza en las autoridades de procuración de justicia.
Y de verdad, es ya altamente sospechoso la forma en que intentan encubrir las presuntas irregularidades en que han caído los servidores públicos de SINFRA, todo le justifican a Fabián Herrera Villagómez, la misma Contraloría le pone alfombra roja para que solvente lo que está mal, en lugar de exigirle que explique en qué va a ocupar tantísimo cemento.
Por ejemplo, platicamos con algunos conocedores del ramo de la construcción y nos quedamos atónitos sobre la conversión que nos hicieron de lo que se puede comprar con esos recursos licitados, chequen ustedes:
Se comprarían 240 mil toneladas de cemento que equivalen a 1,400 trailers de cemento de 30 toneladas cada uno. Se necesitarían 28 estadios de beisbol como el Eduardo Vasconcelos de Oaxaca para almacenar 1,400 trailers cargados de cemento.
¡Es imposible!…De entrada ninguna empresa por muy solvente que sea en este país, tiene esa cantidad de cemento y tampoco tenemos el espacio para almacenarlas, aunque supuestamente las irán suministrando de acuerdo a como vaya ocupándose.
Solo que las autoridades encargadas de realizar las investigaciones sobre estas presuntas irregularidades sufren de “miopía jurídica” y no lo ven así, prefieren irse por un tema de forma que de fondo en cuanto al procedimiento administrativo, donde lo que se pretende es castigar una presunta irregularidad de las empresas participantes que sancionar la omisión de las y los funcionarios que participaron en la licitación.
¡A eso se le llama complicidad!
Y hay les va otro dato. Efectivamente SINFRA maneja un banco de materiales como son cemento y láminas.
Pues la primera licitación de 9 millones 999 mil 008.48 pesos y la tercera por 30 millones 637 mil 226 pesos serían para los compromisos con algunas organizaciones sociales; en tanto que la segunda licitación por 24 millones 999 mil 469.09 pesos estarían destinados a las y los diputados locales que aprobaron la deuda pública por 3 mil 500 millones de pesos y el refinanciamiento por 13 mil millones de pesos.
Ahora se sabe que sí hubo compromisos.
Para nadie es un secreto que SINFRA desde hace varias administraciones maneja ese banco de material y que de ahí le reparten a las y los representantes populares locales, por aquello de las gestiones en obras que tienen de los municipios o de compromisos que hicieron en campaña, solo que ahora se disparó el apoyo en la repartidera de cemento.
¿Y la austeridad republicana?…De verdad hay una grave incongruencia, porque por un lado el Gobierno de Oaxaca anunciará en breve un plan de austeridad, donde pretenden bajarle aún más los salarios al personal de confianza, ahorro en viáticos y gasolina, pero por otro lado, permiten licitaciones “amañadas” para una sola empresa por más de 93 millones 889 mil 888.53 pesos.
¿No les parece que hay un doble lenguaje?…Es un absurdo, no se midieron, ni cuidaron las formas, y lo peor es que todavía buscan justificaciones.
Mientras esto ocurre sin que nadie diga nada, ni se castiguen los graves abusos, en Oaxaca la falta de obra, la poca inversión, la asignación preferencial a constructoras foráneas y de “compadres”, la nula seriedad de instituciones gubernamentales para el pago de trabajos realizados,mantienen agonizando a empresas locales de la construcción en la entidad.
Muchos constructores ya pusieron en venta su maquinaria,hasta como chatarra los están ofertando, algunos que lograron obras en otras entidades federativas han trasladado sus fierros viejos hacia donde –al menos– tienen aseguradas alguna “obrita”.
¡Es una tragedia!
Del cien por ciento de obras solo el diez por ciento se asigna a constructoras locales, instancias estatales les adeudan 48 millones de pesos y a nivel federal hasta hoy solo se ha realizado un 19 por ciento del total de obras.
Y súmenle los 4 mil 800 millones de pesos de la reconstrucción de escuelas y viviendas que se “perdieron”, según la pifia de dictamen que emitió la Comisión Especial sobre la Reconstrucción de la 64 Legislatura del Estado que presidió el morenista Pavel Meléndez.
La crisis acecha a más de 120 empresarias y empresarios locales, quienes pagan impuestos, son generadores de empleos formales y han sostenido en gran porcentaje la economía local, pero han quedado relegados, solo les asignaron 10 obras este año de las 100 que licitaron el Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa (IOCIFED), la Comisión Estatal del Agua (CEA) y la propia Secretaría de las Infraestructuras.
Con este panorama desolador para el ramo de la construcción ¿todavía les están buscando justificación para salvarlos a quienes sin el menor empacho aprobaron tres licitaciones para compra de cemento a una sola empresa?
¡No tienen justificación!…Fueron muy burdos.
SOLIDARIDAD CON EL COLEGA HORACIO CORRO, #NOESTÁSOLO
Carta pública de compañeros periodistas de la Mixteca:
La investigación hace al periodista. No es tener una cuenta de Facebook, no es replicar las notas de otras páginas, no es ‘golpear a alguien’ -con un texto mal redactado- a cambio de dinero, periodista es quien investiga y da a conocer los resultados a la sociedad.
Esta semana, a Horacio Corro, uno de los periodistas de mayor respeto entre el gremio, con casi 40 años de trayectoria, trabajo, compromiso y ética, fue ‘exhibido’ ante medios de comunicación de Huajuapan de León, por el presidente municipal de Santiago Huajolotitlán, José Luís Ramírez Alverdín.
En una conferencia-desayuno, el munícipe dio a conocer que acudió a la Vicefiscalía Regional en la Mixteca, a interponer una denuncia penal, ya que presuntamente ha recibido amenazas a su persona.
Mencionó que en redes sociales y llamadas telefónicas le dicen ratero, mismas que atribuyó a información que se ha difundido en torno a la problemática que persiste en el municipio que él preside, donde el cabildo se dividió desde el inicio de la administración, por lo que el edil y sus regidores afines, se fueron a una sede alterna, pues en abril, ciudadanos de la comunidad les tomaron el palacio municipal, el cual fue liberado recientemente pero sigue sin utilizarse.
¿A qué información se refiere Ramírez Alverdín?, ¿Por qué hay tanta molestia ante lo publicado por Horacio Corro?
El 3 de septiembre, el columnista habló sobre la distribución de los recursos del ramo 33 fondo III en la cabecera de Santiago Huajolotitlán y sus agencias, de un presunto condicionamiento del edil a los agentes municipales, donde les manifestaba que les daría las obras que solicitaban pero a cambio, él les administraría los recursos y les quitaría el 20 por ciento de los mismos (http://informativo6y7.mx/las-tranzas-del-presidente-de-huajolotitlan/).
El 17 de septiembre, en una segunda entrega, habla sobre el vaivén del munícipe en cargos públicos: “Cuando Alverdínfue regidor de Ecología y medio ambiente, en la ciudad de Huajuapan de León, se integró a la bancada priista, pero a la mitad del primer año de gobierno, renuncia a la bancada (…) pero más tarde se le descubrió, que se separó porque estaba negociando a espaldas del PRI beneficios personales que tenían que ver con obras, y esas obras, iban a beneficiar directamente a la constructora que maneja y hasta la fecha sigue manejando su hijo.” (http://informativo6y7.mx/opinion-las-tranzas-del-presidente-de-huajolotitlan-2a-parte/).
En una tercera publicación de fecha 8 de octubre (http://informativo6y7.mx/huajolotitlan-fue-recibido-por-amlo-%e2%9c%8d%ef%b8%8f-opinion-de-horacio-corro-horaciocorro/), habla sobre la petición que hicieron habitantes de Huajolotitlán al presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, en su paso por dicho municipio el 6 de octubre, de atender su problemática.
Esa fecha, aunque se programó una reunión con el edil y los regidores de oposición, “el subsecretario de la Secretaría de gobierno, Carlos Ramos, les canceló la reunión de hoy, porque, según, no localizó al presidente Ramírez Alverdín”.
El 23 de octubre, Horacio Corro volvió a abordar el tema, cuando la maestra Elisa Rosaicela Silva Jiménez, del municipio de Huajolotitlán, habló directamente con Andrés Manuel López Obrador, al llegar éste a la plaza de la danza de la ciudad de Oaxaca. Ahí le entregó un documento que enumera las veces que los funcionarios públicos del Estado de Oaxaca, se han negado a atenderlos para terminar el conflicto de esa comunidad.
Corro consideró en su artículo de opinión, que a Ramírez Alverdín, lo mismo que a la expresidenta municipal Alejandra Cortázar Jiménez, hoy tesorera, les conviene que el conflicto se perpetúe en el lugar, así, ella seguirá poniendo de pretexto ante el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca (Osfe), no tener los documentos a la mano para entregarlos ya que, según, el edificio municipal está tomado por ciudadanos. De esa manera la hoy tesorera, dará largas para no comprobar más de 7 millones de pesos.
Por todo eso, a través de este pronunciamiento, integrantes y representantes de diversos medios de comunicación, le decimos a usted, presidente municipal de Santiago Huajolotitlán, que nuestro compañero no está solo, y que si quiere recuperar su imagen ante su dividido pueblo, estas no son las formas.
Señalar a un periodista sin fundamento, no sólo es un delito en perjuicio de su persona, es un atentado en contra de la libertad de expresión, consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en su artículo 6º, señala que “La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público (…) Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión”.
Sus señalamientos, también atentan contra lo establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en su artículo 19 señala que “Toda persona tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.
Por lo tanto, y como lo pidió el columnista en su opinión titulada “Dice el presidente de Huajolotitlán, que lo amenacé de muerte”, le exigimos que se retracte y que ofrezca una disculpa pública porque, como bien menciona Horacio Corro, “el que afirma está obligado a probar”.
Así lo hacemos, pues respaldamos que el periodista no dijo nada que no haya sido documentado, pues los datos que ha difundido han sido tomados de documentos públicos que ha emitido el gobierno del estado, ejerciendo con ello el derecho de acceso a la información, estipulado en el artículo 7º, de nuestra Carta Magna.
Reiteramos, que quienes aquí firmamos, acompañaremos y respaldaremos a nuestro compañero Horacio Corro Espinosa en las acciones legales que emprenda, tanto en las instancias encargadas de impartir justicia, como en los organismos de protección a periodistas y personas defensoras de derechos humanos, con quienes ya estamos coordinándonos.
#Noestásolo
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