Ciudad de México. Las acciones legales del Estado mexicano en favor de los grupos de diversidad sexual han sido del todo insuficientes, pues no han estado acompañadas de políticas públicas efectivas para prevenir agresiones en su contra, realizar campañas generales de sensibilización y erradicar los crímenes de odio, señaló un informe especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Durante la presentación del documento, el Primer Visitador General del organismo, Ismael Eslava Pérez, advirtió que las personas gay, lesbianas, bisexuales, travestis, transgénero, transexuales e intersexuales (LGBTI) siguen siendo víctimas de discriminación, rechazo y burlas, lo que las coloca en mayor riesgo de sufrir aislamiento, depresión, ansiedad e incluso mortalidad prematura.
Una muestra de la gravedad de la situación, dijo, es que según encuestas realizadas por organizaciones civiles sobre violencia escolar, casi el 50 por ciento de los estudiantes que no se reconocen como heterosexuales ha sido víctima de acoso, ya sea por otros alumnos o por sus maestros.
De igual forma, destacó que tan sólo de 2013 a 2014, al menos 594 personas LGBTI o percibidas como tales fueron asesinadas en todo el continente y otras 176 fueron víctimas de ataques contra su integridad física, de acuerdo con datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
En el caso de México, datos de 18 procuradurías y fiscalías estatales —es decir, hubo otras 14 que no aportaron información— revelaron que al menos hay 390 investigaciones por ataques contra grupos de diversidad sexual, de los cuales la mayor cantidad de denuncias es por discriminación (217), homicidio (100) y lesiones (52).
Por todo ello, la CNDH concluyó que el reconocimiento de los derechos humanos de las personas LGBTI a nivel normativo “es insuficiente”, pues no hay políticas públicas efectivas que lleven dichas garantías a la realidad, ni instrumentos para monitorear y evaluar el funcionamiento de esas estrategias.
Para remediar dicha situación, el organismo autónomo sugirió tomar una serie de medidas en materia de inclusión, procuración de justicia y acceso a la educación, la salud y el trabajo, entre ellas reconocer la diversidad sexual en el Programa Nacional de Derechos Humanos de este gobierno y reforzar las acciones encaminadas a su protección.
De igual forma, llamó a las autoridades a desarrollar programas integrales de educación sexual, tener protocolos contra el bullying homofóbico, investigar posibles crímenes de odio sin descartar la hipótesis de que la víctima fue atacada por su orientación sexual, y fomentar la inclusión laboral de las personas LGBTI.
