Ciudad de México. La obligación de un funcionario público de no bloquear a ningún ciudadano de sus redes sociales, se agota cuando deja dicha responsabilidad, ya sea porque culminó su periodo, fue despedido o suspendido de su cargo, así lo señala la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en el proyecto de sentencia de un amparo, que se votará este lunes en su Segunda Sala.
El caso tiene que ver con la decisión del ex fiscal de justicia de Veracruz, Jorge Winckler de bloquear en su cuenta de Twitter a la académica y columnista Patricia Rodríguez, quien recurrió entonces al amparo, bajo el argumento de que al impedir que viera sus publicaciones en esa red social, el entonces funcionario estaba limitando su acceso a la información.
La quejosa afirmó que al bloquearla en Twitter el entonces fiscal Winckler “obstaculiza su labor periodística de obtener información vinculada con las funciones de la autoridad responsable y, con ello, el derecho de la sociedad a mantenerse informada; asimismo, refirió que se viola el derecho de libertad de expresión en la modalidad de libertad de prensa, ante su profesión de periodista.”
Sin embargo, al entonces fiscal interpuso contra este fallo un recurso de revisión ante el Primer Tribunal Colegiado del Séptimo Circuito, quien en vista de lo novedoso del tema pidió a la SCJN que atrajera el caso.
En el máximo tribunal, el asunto quedó bajo la ponencia de la ministra Yasmín Esquivel Mossa, quien en su proyecto de sentencia propone sobreseer el juicio, debido a que Winckler ya dejó de ser Fiscal General de Veracruz.
