La Fiscalía General del Estado (FGEO), fue acusada de violentar los derechos humanos de mujeres, hombres y niños además de abuso de autoridad durante los tres cateos simultáneos realizados a los domicilios del expriista Juan Antonio Vera Carrizal, presunto responsable del ataque a la saxofonista María Elena Ríos Ortiz.
Las acciones jurídicas fueron efectuadas la mañana de este miércoles en diversos puntos de la capital oaxaqueña en donde se ubican las viviendas, sin embargo en una de ellas se encontraba la familia del también empresario.
De acuerdo al testimonio de Ashly, una de las hijas de Vera Carrizal, los uniformados irrumpieron de forma violenta en su hogar intimidando a los niños, mujeres y hombres con sus armas de fuego.
Además aseguró que fueron golpeados, esposados y despojados de sus teléfonos celulares “le pedí a uno de los señores que me mostrara la orden de cateo, pero me aventó a la pared para golpearme”, dijo.
La joven visiblemente afectada por estos hechos señaló que la Fiscalía General ha actuado de forma irregular, debido a que no mostraron o pegaron documento alguno en su hogar para tener conocimiento de la causa penal.
Al ser cuestionada sobre la situación actual de su padre, Ashly condenó los hechos de violencia contra María Elena pero se limitó a dar detalles sobre el expriista y aseguró que sólo se enfocaría en su denuncia.
“Con todo respeto señores periodistas yo vengo hablar de lo que pasó hace un rato, no del procedimiento en contra de mi papá”, agregó luego de que aseguró que otros serían los responsables del ataque contra la saxofonista de quien dijo desconocía la relación laboral que mantenía con su padre.
Con lágrimas en los ojos pidió a las autoridades correspondientes una explicación además de dar seguimiento a las tres carpetas de investigación que han presentado debido a que ha sido víctima de intento se secuestro.
Su abogada y de la familia, Maribel Pérez Santaella aseguró que los cateos son acciones irregulares debido a que las FGEO nunca mostró documento alguno y consideró que este tema ha sido manejado de forma mediática.
“Ellas no tienen nada que ver en el proceso que se sigue contra el empresario, no existe una orden de investigación contra ellas”, dijo tras no descartar que interpondrán una denuncia ante la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO).
Reiteró que constantemente tanto la esposa como las hijas han sido intimidadas por los elementos policíacos quienes día y noche mantienen rondines en sus hogares.
“Queremos saber si son realmente policías quienes están al acecho de la familia. Conocen sus domicilios, sus centros de trabajo, están siendo perseguidas”.
