La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca dictó medidas cautelares a una familia de San Andrés Dinicuiti, perteneciente a la Mixteca de Oaxaca, luego que les fuera negada la inhumación de una mujer de 91 años, además de retener a cinco de sus integrantes.
El órgano autónomo inició la queja DDHPO/337/(07)/OAX/2020, luego que el pasado martes se tuviera conocimiento de que autoridades municipales impidieron la sepultura de una persona adulta mayor en el panteón de la agencia de Santa María Tutla.
Ante lo cual solicitó que se permitiera la realización del entierro, debido a que es deber del ayuntamiento proteger, promover, respetar y garantizar los derechos humanos de todas las personas.
Aunado a este hecho, cinco familiares de la persona fallecida fueron retenidos por parte de las autoridades de San Andrés Dinicuiti, ante lo cual la Defensoría pidió al ayuntamiento de la localidad como medida de protección la liberación de las personas, o en caso de ser señaladas de incurrir en algún delito, la puesta a disposición ante el Ministerio Público.
La Defensoría inició un proceso de investigación con enfoque de derechos, sin criminalizar a las autoridades ni tampoco a las prácticas comunitarias, en el que indaga posibles abusos de autoridad.
Y es que se tiene información que aún permanecen dos personas retenidas, a cada una de las cuales se les exige un pago de tres mil pesos para obtener su libertad.
La DDHPO señaló que las inhumaciones en los panteones municipales y los rituales que familiares de personas fallecidas consideren es un derecho humano, específicamente el derecho a participar en su cultura.
Por ello, la negativa de servidores públicos a permitir el sepelio transgrede este derecho, pues obstaculiza que los deudos y sus allegados establezcan lazos de solidaridad, se rompen vínculos de fraternidad y apoyo, además de atentar contra la dignidad de la familia y la persona fallecida.
