*SENER así como autoridades estatales y locales pretenden violentar mandato federal
El fallo dictado por un Juez Federal para suspender la construcción de la Central Eólica Gunaa Sicarú en Unión Hidalgo, pretende ser violentada por la Secretaría de Energía (SENER), el gobierno estatal y municipal.
El amparo dictado a favor de la comunidad y organizaciones sociales por la jueza Primero de Distrito del estado, Elizabeth Franco Cervantes busca garantizar de manera efectiva la realización de una consulta informada y libre para que sea la población quien apruebe o rechace el proyecto promovido por filiales mexicanas de la multinacional francesa Electricité de France (EDF).
La determinación de la autoridad federal fue calificada como excepcional por quienes integran el Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales A.C (ProDESC) y organizaciones aliadas.
“La determinación de la jueza Franco Cervantes para resolver un amparo a favor de la comunidad y por efecto de su sentencia suspender la construcción de la Central Eólica Gunaa Sicarú, va a contracorriente de la normalidad jurídica del país, que hoy día permite la violación sistemática de los derechos a la libre determinación, al consentimiento libre previo e informado y a la definición de las propias prioridades de desarrollo de los pueblos indígenas”, suscribieron en un comunicado de prensa.
Agregaron que en México se habla de un sistema que discrimina estructuralmente a los pueblos y comunidades indígenas, sumando a contextos de estigmatización, criminalización y violencia contra indígenas defensoras y defensores de derechos humanos, para favorecer intereses de empresas transnacionales y de la iniciativa privada por sobre los de los pueblos y comunidades.
Pese a los amparos otorgados por la jueza, la Secretaría de Energía, las autoridades estatales y locales de la comunidad pretenden violentar el mandato y realizar una consulta a modo para lograr que el proyecto eólico se eche andar.
Lo anterior bajo una serie de hostigamientos y amenazas contra líderes comunitarios, con el objetivo de amederentarlos para que los intereses de Electricité de France (EDF) en México se impongan sin respeto alguno a la ley y a los Derechos Humanos.
“La implementación de resoluciones, como la dictada por la jueza Franco Cervantes, constituyen una oportunidad única para desarrollar procesos de consulta que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos de las comunidades indígenas, como el caso de Unión Hidalgo en Oaxaca”.
