El 84.4 por ciento de los poderes judiciales del país suspendieron sus labores por la pandemia sin contemplar el funcionamiento de recursos legales para prevenir y frenar la violencia contra las mujeres.
De acuerdo con el informe (Des) protección judicial en tiempos de COVID-19, que elaboró la organización Equis Justicia para las Mujeres, 27 poderes judiciales del país están reprobados en las medidas que implementaron para proteger a este sector de la población en riesgo durante la contingencia.
Sólo 7 de 32 poderes judiciales del país contemplan órdenes de protección en materia penal como parte de sus funciones consideradas de urgencia y que no se suspenden y 13 órganos judiciales no mencionan el establecimiento de guardias para emitir estas medidas en materia familiar como parte de su plan de contingencia.
Centros de convivencia supervisada
En 15 poderes judiciales locales se suspendieron las actividades de los centros de convivencia supervisada sin dar alternativas para que se reúnan los niños con sus padres.
